Isabel Ciprian
Santiago.– Las niñas y adolescentes detenidas en Santiago son trasladadas al destacamento policial de Pueblo Nuevo, donde permanecen en una celda con mujeres adultas mientras esperan que se resuelvan sus procesos judiciales, según informó la Defensa Pública de esta ciudad.
Ramona Curiel, defensora de menores, explicó que el único centro de privación de libertad exclusivo para niñas y adolescentes es el Instituto de Señoritas, ubicado en Santo Domingo. Por ello, las detenidas en Santiago quedan en el destacamento de mujeres mientras se determina si serán trasladadas o liberadas. La celda donde permanecen tiene capacidad para un máximo de 10 personas y se encuentra en condiciones deplorables.
Denuncias de abuso y vulnerabilidad
Curiel denunció que en algunos casos, los agentes del destacamento han solicitado favores sexuales a las menores, situación que actualmente está siendo investigada. El cuartel cuenta con un solo oficial de policía durante el día y otro en la noche, mientras que una patrulla recorre el perímetro con dos agentes más.
A pesar de que las autoridades sostienen que las menores permanecen solo 24 horas, residentes y trabajadores del área aseguran haber visto que algunas pasan semanas en la celda mientras los tribunales deciden sobre su traslado o liberación. La mayoría de las detenciones corresponden a riñas, estafas, robos, drogas y redadas, y la Oficina de la Defensa Pública asegura que la cantidad de niñas implicadas en delitos ha incrementado con respecto al año pasado.
Curiel añadió que muchas de estas menores provienen de familias con padres separados, madres solteras o abuelos, y en varios casos los padres prefieren que sus hijas estén presas, al no poder controlarlas o asumir la responsabilidad de su cuidado.
Voz de alerta de organizaciones feministas
Raquel Rivera, coordinadora del Movimiento Feminista Hermanas Mirabal, señaló que las niñas son las más afectadas cuando están en conflicto con la ley o en condiciones de calle. “Se aprovechan de ellas, se da el abuso y la seducción; imagínate cuando están privadas de libertad”, advirtió.
Rivera destacó que, a diferencia de los niños, las niñas reciben menos apoyo familiar y social, y que muchas veces son culpabilizadas por las instituciones cuando denuncian abusos. Señaló que incluso madres y autoridades públicas muchas veces carecen de recursos o capacidad de respuesta, lo que deja a las niñas en una situación mucho más vulnerable que los varones.
El panorama en Santiago evidencia la urgente necesidad de un sistema de justicia juvenil que proteja a las niñas y garantice que su detención no se convierta en un factor de mayor vulnerabilidad y riesgo de abuso.
Ana María Soto Gross
