La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Fiscalía de La Romana, solicitarán que se mantenga la prisión preventiva de 18 meses impuesta a Yves Alexandre Giroux, señalado como uno de los principales líderes de la red de estafa electrónica e inmobiliaria desmantelada en el denominado Caso Guepardo.
La jueza Vicky Chalas, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Judicial de La Romana, aplazó la audiencia para el próximo 2 de septiembre, con el objetivo de citar formalmente a los querellantes.
En esa audiencia se conocerá la revisión obligatoria de la medida de coerción, así como la solicitud de traslado de recinto penitenciario hecha por Giroux, quien actualmente guarda prisión en el CCR de San Pedro de Macorís. El tribunal ya le había rechazado un intento anterior de traslado a la cárcel pública de El Seibo.
El Ministerio Público sostiene que la prisión debe mantenerse por la gravedad de los hechos, el alto perfil del imputado dentro de la estructura delictiva y el riesgo de fuga.
Mientras tanto, el proceso contra otros implicados avanza. El pasado 11 de julio, la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís ratificó la prisión preventiva para las imputadas Rocío del Alba Rodríguez de Moya y Marisol Nova Nolasco, reafirmando la necesidad de que permanezcan privadas de libertad mientras continúa la investigación.
Sobre la co-líder de la red, Loany Ortiz, se informó que permanece detenida en Bogotá, Colombia, a la espera de ser extraditada a República Dominicana para enfrentar cargos similares.
Un fraude millonario
Según la acusación, esta red criminal captó víctimas en República Dominicana, Puerto Rico, Estados Unidos y Europa, promocionando proyectos inmobiliarios ficticios mediante el uso de la reconocida marca RE/MAX como fachada.
Durante las investigaciones, se ha determinado que la organización recibió al menos US$18.8 millones de dólares, y se han incautado múltiples propiedades, vehículos de alta gama, equipos electrónicos y documentos en Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, La Romana y La Altagracia.
El equipo investigador está encabezado por los fiscales Claudio Cordero, Manuel Castro y Mayerlin Rondón, con el respaldo de la procuradora de corte Ramona Nova y la fiscal Reina Rodríguez.
El caso se investiga bajo cargos de asociación de malhechores, estafa agravada, delitos electrónicos y lavado de activos, conforme a los artículos 405, 265 y 266 del Código Penal, el artículo 15 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
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