Isabel Ciprian
Santiago.– El Ministerio Público solicitó este jueves la imposición de un año de prisión preventiva contra diez personas arrestadas durante la Operación XL526, una intervención realizada para desarticular una presunta red criminal dedicada a estafar, extorsionar y lavar activos mediante operaciones dirigidas contra ciudadanos residentes en Estados Unidos.
La solicitud fue presentada por la Dirección General de Persecución y la Fiscalía de Santiago, que además requirieron que el proceso sea declarado de tramitación compleja debido a la dimensión de la estructura investigada, el número de imputados y víctimas involucradas, así como la gravedad de los delitos atribuidos.
Identifican a presuntos cabecillas
Entre los señalados como presuntos líderes de la organización figuran Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Josiel Pichardo Cabrera y Walinton Ariel Sosa Almonte. Asimismo, el Ministerio Público incluyó en la solicitud de medida de coerción a Moisés David Pichardo Aracena, Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua y Julio Antonio Peralta del Rosario.
La instancia fue depositada por el director general de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, junto a las fiscales Quirsa Abreu Peña, Joanna García Rivas y Lía Collado, quienes solicitaron al Juzgado de Atención Permanente de Santiago fijar la audiencia para conocer la medida cautelar.
Así operaba la presunta organización
De acuerdo con la investigación, la estructura criminal operaba desde el municipio de Jacagua, en Santiago, y estaba integrada por individuos con dominio del idioma inglés y amplios conocimientos tecnológicos, utilizados para ejecutar las maniobras fraudulentas.
Las autoridades explican que los imputados captaban a sus víctimas mediante anuncios publicitarios en línea y posteriormente las sometían a extorsión y chantaje a través de amenazas. Para generar temor, se hacían pasar por miembros de organizaciones criminales internacionales, entre ellas el denominado “Cartel de Sinaloa”, enviando incluso imágenes violentas con el propósito de presionar la entrega de dinero. Hasta el momento, el Ministerio Público ha identificado al menos 18 víctimas vinculadas a las operaciones de la red.
Uso de criptomonedas y mecanismos de lavado
Según el expediente, los recursos obtenidos de manera ilícita eran movilizados mediante criptomonedas como Bitcoin, transferencias electrónicas, depósitos realizados a través de remesadoras y otras plataformas de pago digital. Estas transacciones tenían como finalidad ocultar el origen de los fondos y dar apariencia de legalidad a las ganancias obtenidas mediante las actividades delictivas, sostiene la acusación.
Allanamientos y evidencias ocupadas
La Operación XL526 incluyó 28 allanamientos simultáneos realizados en las provincias Santiago y Puerto Plata, con la participación de 35 fiscales y el apoyo de unidades especializadas de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Contra el Crimen Organizado (FTCO) y agentes de HSI Santo Domingo.
Las autoridades afirman contar con evidencias testimoniales, documentales y periciales que vinculan a los detenidos con delitos de alta tecnología, asociación de malhechores, estafa, chantaje, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, distribución de sustancias controladas y posesión ilegal de armas de fuego. El Ministerio Público asegura que las investigaciones continúan abiertas y que no se descartan nuevas acciones en el marco del proceso.
Ana María Soto Gross
