Isabel Ciprian
Durante el conocimiento de la medida de coerción por presunta corrupción administrativa contra Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, el Ministerio Público sostuvo que no fue presentada ante el tribunal ninguna certificación médica válida que acreditara la supuesta condición de salud alegada por el imputado para evitar la imposición de prisión preventiva, la cual según el órgano acusador se corresponde con la gravedad y magnitud de los hechos cometidos en perjuicio de los afiliados al Seguro Nacional de Salud (SeNaSa).
El Ministerio Público afirmó que tanto el imputado como su defensa han recurrido al tema de salud como una estrategia para evadir el proceso judicial, sin aportar pruebas periciales que respalden dichas afirmaciones. Indicó que los testimonios recabados establecen que Hazim Albainy se desempeñaba con total normalidad tanto en sus funciones dentro de SeNaSa como en su vida social.
Asimismo, recordó que el procedimiento legal para que un tribunal valore una condición médica exige un informe emitido por un perito forense designado por el Ministerio Público o por el propio tribunal, requisito que no se ha cumplido en este caso, pese a tratarse del principal imputado de la denominada Operación Cobra.
De acuerdo con la acusación, Hazim Albainy encabezaba una estructura de corrupción administrativa que habría sustraído más de 15 mil millones de pesos al Estado dominicano a través del SeNaSa. Durante la audiencia celebrada el pasado viernes, el Ministerio Público solicitó la imposición de 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado de tramitación compleja. En ese escenario, la defensa del imputado alegó públicamente una condición de salud que, según la acusación, no ha sido demostrada.
Ministerio Público expone la gravedad del entramado criminal
Ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, el órgano acusador argumentó que la prisión preventiva es la medida más idónea para los principales imputados, entre ellos Hazim Albainy y el consultor jurídico de SeNaSa, Germán Robles, señalados de haber recibido más de dos mil millones de pesos únicamente en sobornos.
El Ministerio Público detalló que en el caso concurren múltiples criterios de gravedad, entre los que figuran la pluralidad de víctimas e imputados, el grave daño causado a la sociedad, la condición de funcionario público de Hazim Albainy quien tenía la responsabilidad de garantizar el correcto funcionamiento del sistema de salud y la naturaleza de los delitos, que afectan directamente el derecho fundamental a la salud.
También resaltó el uso sistemático de falsificaciones y adulteraciones documentales para encubrir las acciones ilícitas, la operación estructurada de una red de crimen organizado, la ocultación de bienes producto de actividades criminales y las maniobras desplegadas para obstaculizar la colaboración de otros investigados con las autoridades.
Pasada la 1:00 de la madrugada del sábado, el juez Rigoberto Sena fijó para este domingo 14 de diciembre, a partir de las 6:00 de la tarde, la audiencia en la que dará a conocer su decisión sobre la medida de coerción.
Durante el desarrollo de la audiencia, tres de los imputados admitieron los hechos ante el tribunal y declararon haber entregado sobornos tanto a Hazim Albainy como a otros exfuncionarios de la entidad estatal. El Ministerio Público presentó un amplio expediente probatorio que incluye más de 138 pruebas documentales, más de 35 testimonios y diversas pruebas periciales que vinculan a los imputados con los hechos investigados.
Entre los delitos imputados al grupo figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos.
