Isabel Ciprian
El Ministerio Público informó que recurrirá en apelación la sentencia que ordena el pago de más de RD$7.5 millones a Juan Francisco Álvarez Carbuccia, uno de los imputados en el proceso por presunta corrupción relacionado con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant).
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) considera que la decisión contiene serias irregularidades de carácter procesal y cuestiona que la jueza Patricia Alejandra Padilla Rosario, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, haya dictado la sentencia cuando, según los fiscales, ya no tenía competencia sobre el expediente.
De acuerdo con la Pepca, la magistrada fue desapoderada del proceso el 24 de octubre de 2025, por lo que el expediente pasó al Sexto Juzgado de la Instrucción, tribunal que posteriormente conoció la audiencia preliminar y dispuso la apertura a juicio. Los fiscales Jonathan Pérez y Miguel Collado también alegan que el fallo desvirtúa la naturaleza jurídica de la astreinte, al convertirla en una especie de indemnización a favor de uno de los acusados en el proceso de presunta corrupción.
La sentencia establece el pago de RD$7,560,000 correspondiente a la liquidación de una astreinte vinculada con la devolución de bienes que habían sido incautados durante la investigación. Sin embargo, el Ministerio Público sostiene que el único objeto que estaría pendiente de ser entregado es un teléfono celular Samsung S3, cuyo valor comercial, según la institución, ronda los RD$3,000.
La Pepca indicó que dispone de un plazo de 20 días para interponer el recurso de apelación contra la decisión judicial.
Mientras tanto, el juicio de fondo contra Álvarez Carbuccia y los demás imputados está programado para el próximo 11 de agosto ante el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El proceso también involucra al exdirector del Intrant, Hugo Beras, y al empresario José Ángel Gómez Canaán (Jochi Gómez), quienes son señalados por el Ministerio Público como parte de un presunto entramado de corrupción relacionado con la adjudicación de contratos y el manejo de la red semafórica y otros sistemas tecnológicos del Estado.
Según la acusación, Álvarez Carbuccia habría elaborado certificaciones falsas de disponibilidad presupuestaria con el objetivo de facilitar las contrataciones que son objeto de investigación.
El Ministerio Público atribuye a los implicados los delitos de asociación de malhechores, desfalco, lavado de activos, estafa contra el Estado, sabotaje, delitos de alta tecnología, falsificación de documentos, contrabando y violaciones a la Ley de Armas. Los acusados fueron enviados a juicio de fondo el pasado 5 de junio.
Ana María Soto Gross
