Santo Domingo. – La exviceministra de Medio Ambiente, Milagros Marina De Camps Germán, presentó una querella formal por difamación e injuria agravada contra el autodenominado detective privado Ángel Ramón De Jesús Martínez Jiménez y otras personas, por la difusión sistemática de contenido que considera falso y ofensivo a través de redes sociales.
La acción judicial fue interpuesta el pasado 24 de enero de 2025 ante la Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional, y está respaldada por un equipo legal compuesto por Amauris Vásquez Disla, Diana De Camps Contreras, Paul Concepción, Mariela Santos Jiménez y Félix M. Santana Reyes.
Campaña de difamación viral
De acuerdo con el expediente, las publicaciones que motivan la querella incluyeron videos, imágenes manipuladas y lenguaje burlón, difundidos masivamente en redes sociales. Según los querellantes, estas acciones configuran una campaña de difamación sistemática y viral que vulnera el derecho a la dignidad humana y la integridad personal.
Los delitos señalados están contemplados en los artículos 367 y siguientes del Código Penal Dominicano, la Ley 61-32 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento, y la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología.
Solicitan indemnización millonaria con propósito ecológico
Como parte de la acción, los abogados solicitaron una indemnización de 10 millones de pesos dominicanos (RD$10,000,000.00). Según el documento, el monto sería destinado al Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP), en consonancia con el compromiso profesional y ambiental de la exviceministra.
Redes sociales bajo el escrutinio legal
La querella resalta que, en el contexto actual, las redes sociales no son territorios exentos de ley, y que las expresiones difundidas deben respetar los límites del marco jurídico.
“Este caso representa un ejemplo claro del uso malintencionado de la libertad de expresión, donde el pensamiento no es el motor de las declaraciones, sino el odio, la manipulación y el descrédito”, señala el escrito introductorio de la acción legal.
Más allá de lo personal
El caso ha reactivado el debate nacional sobre el límite entre la libertad de expresión y la responsabilidad legal, especialmente en entornos digitales. Para los abogados de De Camps, el proceso judicial tiene una dimensión más amplia:
“Las redes sociales no pueden convertirse en trincheras de impunidad. Este caso no es solo sobre una persona, sino sobre el límite ético y jurídico que la sociedad dominicana debe reafirmar”.
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