Migración somete a la justicia a comerciante chino por obstruir operativo y agredir agentes

La Dirección General de Migración (DGM) informó que ha procedido con el sometimiento a la justicia de un ciudadano de nacionalidad china, propietario de la tienda Mudan, ubicada en la avenida Duarte del Distrito Nacional, por obstruir un operativo de interdicción migratoria y agredir a miembros de las autoridades actuantes.

Durante la intervención, realizada en conjunto con miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fueron detenidos 35 ciudadanos haitianos entre hombres y mujeres que se encontraban laborando de forma irregular en el país, sin la debida documentación migratoria.

Este operativo se enmarca en lo establecido por la Ley General de Migración No. 285-04, que faculta a la DGM a realizar inspecciones en centros laborales para verificar la situación migratoria de trabajadores extranjeros, garantizando así el cumplimiento del marco legal y la protección de derechos laborales.

Según el informe de la DGM, el propietario del establecimiento mostró una actitud violenta y reincidente en la práctica de ocultamiento de personas indocumentadas, incitando a sus empleados a enfrentarse a los agentes y lanzando expresiones ofensivas contra ellos. A raíz del enfrentamiento, varios agentes resultaron lesionados.

Debido al nivel de agresividad, las autoridades se vieron obligadas a aplicar técnicas de control y uso racional de la fuerza para salvaguardar la integridad de los presentes. Sin embargo, la situación impidió la detención inmediata del comerciante, por lo que se optó por una retirada táctica para evitar una escalada de violencia mayor. Su captura queda pendiente bajo el proceso judicial iniciado.

La DGM reiteró su compromiso con el fortalecimiento del Estado de derecho y la aplicación estricta de la ley migratoria, exhortando a los empleadores a cumplir con las normativas legales en la contratación de personal extranjero. La institución recordó que el empleo de personas en condición migratoria irregular no solo representa una falta legal, sino que también fomenta la vulnerabilidad laboral y la evasión de responsabilidades fiscales.