Ana María Soto Gross
La Dirección General de Migración (DGM), a solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), dejó sin efecto 56,140 impedimentos de salida y alertas migratorias tras detectar registros sin fundamento judicial, procesos concluidos y errores administrativos que limitaban el derecho al libre tránsito.
La depuración incluyó registros acumulados entre 1990 y 2026 y fue realizada por una mesa técnica integrada por representantes del Ministerio Público y la Dirección General de Migración, cuyos trabajos se han extendido por más de seis meses.
De acuerdo con ambas instituciones, la revisión permitió identificar casos de ciudadanos que aún figuraban con restricciones migratorias pese a que los procesos judiciales que las originaron habían concluido. También se encontraron inconsistencias administrativas vinculadas a órdenes judiciales que no identificaban de manera individual a las personas afectadas.
Ante estos hallazgos, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó al director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, mantener vigentes únicamente las restricciones y alertas que cuenten con el debido respaldo judicial.
La solicitud establece como prioridad eliminar los registros individualizados que carezcan de base legal, las anotaciones históricas no individualizadas correspondientes al período 1990-2026 y aquellas medidas cuyos objetivos ya se hayan cumplido, sin importar la institución o autoridad que las haya dispuesto.
Las autoridades indicaron que el proceso se desarrolla conforme a la Ley núm. 200 sobre Impedimentos de Salida, la Ley Orgánica del Ministerio Público y las disposiciones constitucionales relativas a las atribuciones del Ministerio Público, la libertad personal y el derecho al libre tránsito.
Asimismo, informaron que la mesa técnica continuará revisando los registros pendientes y trabajando en la puesta en marcha de un sistema de intercambio de información entre ambas instituciones, destinado a facilitar la gestión, colocación y eliminación de impedimentos de salida.
La entrada en funcionamiento de esta plataforma está prevista para diciembre de 2026, con el propósito de fortalecer la coordinación institucional y reducir la permanencia de restricciones migratorias que no tengan justificación legal.
