Isabel Ciprian
La Dirección General de Migración (DGM) informó que, entre el 21 de abril y el 30 de mayo, 2,188 ciudadanos haitianos indocumentados fueron deportados desde la República Dominicana, en el marco de un nuevo protocolo aplicado en 33 hospitales públicos del país.
Entre los repatriados se cuentan 186 mujeres embarazadas, 559 en trabajo de parto y 648 menores de edad, según el comunicado de la DGM. Las detenciones fueron producto de 642 operativos realizados tras la implementación del protocolo, que vincula el acceso a servicios de salud con la verificación del estatus migratorio.
Este mecanismo, acordado entre el Servicio Nacional de Salud (SNS) y Migración, forma parte de las 15 medidas anunciadas por el presidente Luis Abinader para reforzar el control migratorio ante el agravamiento de la crisis política y humanitaria en Haití.
El protocolo establece que los pacientes pueden ser repatriados tras recibir el alta médica y cumplir el período de observación requerido: 72 horas para partos naturales y 7 días para cesáreas. Según las autoridades, esta política ha resultado en «una notable reducción del flujo de inmigrantes indocumentados», al exigir la documentación necesaria para acceder a los servicios públicos.
No obstante, organismos internacionales han cuestionado severamente la medida. Amnistía Internacional pidió al Gobierno dominicano la derogación inmediata del protocolo, mientras que el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió que la práctica «puede disuadir a mujeres embarazadas y otras personas vulnerables de buscar atención médica, al considerar los hospitales como lugares inseguros».
Desde octubre de 2024, la República Dominicana ha intensificado su plan de deportaciones, con la meta de repatriar a 10,000 haitianos por semana. Solo entre enero y abril de 2025, se deportaron 119,003 haitianos, un incremento del 71 % con respecto al mismo período del año anterior, según datos oficiales.
El Gobierno insiste en que la política tiene como objetivos salvaguardar la salud pública, garantizar el uso eficiente de los recursos del Estado y mantener el orden migratorio, siempre «respetando la dignidad humana».
