Isabel Ciprian
La jueza Altagracia Ramírez del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional declaró ayer lunes la extinción de la acción penal respecto a varios querellantes que habían presentado acusaciones particulares en el caso Calamar, proceso judicial que involucra a los exministros José Ramón Peralta, Donald Guerrero y Gonzalo Castillo, entre otros.
La magistrada consideró que los querellantes no estaban debidamente representados por abogados con poderes legales válidos, y fijó la lectura íntegra de la decisión para el próximo 25 de agosto.
Desestiman acciones por errores procesales
Según explicó el abogado Carlos Escalante, representante de Ángel Lockward (también vinculado al caso), se archivaron tres expedientes que incluían a más de 90 querellantes, afectando directamente a unos 262 denunciantes que habían interpuesto querellas particulares en paralelo a la acusación del Ministerio Público.
Escalante señaló que la jueza aplicó un desistimiento tácito conforme al artículo 134 del Código Procesal Penal, ya que algunos abogados como Pablo Castillo y Anabel Montalvo Mota no presentaron poder especial ni a sus representados, pese a haber solicitado repetidos aplazamientos respaldados con certificados médicos.
Se desglosan dos implicados por razones médicas
El tribunal también ordenó el desglose del proceso para dos imputados por razones de salud: Andrés Moya, de 86 años, con diagnóstico de cáncer terminal, y Parmenio Rodríguez, quien enfrenta un cáncer de próstata avanzado.
Por otro lado, Escalante afirmó que muchos de los querellantes no tenían derechos reales sobre los terrenos involucrados en las supuestas expropiaciones irregulares, ni firmaron contratos con el Estado, por lo que no podían considerarse víctimas directas del presunto fraude.
“No pudieron ser engañados por nadie, porque no tenían relación contractual alguna con el Estado”, puntualizó.
Avanza el juicio preliminar contra exministros y altos exfuncionarios
Este fallo se produce en el marco del juicio preliminar del caso Calamar, uno de los expedientes por corrupción más relevantes en los últimos años, donde el Ministerio Público acusa a los imputados de haber desviado millones de pesos mediante pagos ilegales por expropiaciones de terrenos, así como sobornos vinculados a la campaña electoral del 2020.
Además de los exministros, también están imputados en el caso:
- Daniel Omar Caamaño, excontralor general de la República
- Luis Miguel Pichirilo, exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)
- Claudio Silver Peña, exdirector de Catastro Nacional
- Óscar Chalas Guerrero y Julián Omar Fernández, exdirectores de Casinos y Juegos de Azar
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) busca establecer las responsabilidades penales de los funcionarios y determinar el destino final de los recursos presuntamente sustraídos del erario público.
