Isabel Ciprian
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) presentó una querella penal ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la empresa Dekolor, S.R.L., su presidente Rogelio Oruña y su gerente general Sandra Oruña, por presuntos actos de corrupción relacionados con un contrato estatal vencido.
Según el documento legal, la empresa habría intentado obtener la prórroga ilegal de un contrato para la instalación y operación del sistema integral de emisión y renovación de licencias de conducir en el país, mediante el ofrecimiento de sobornos de hasta un millón de dólares y pagos mensuales de RD$3 millones. La querella también denuncia amenazas, presión institucional y entrega de dinero en efectivo a funcionarios del INTRANT como parte de un esquema sistemático de corrupción.
El contrato, firmado originalmente en enero de 2020 con una duración de cinco años, incluía la gestión de 21 centros de atención, la provisión de personal y equipos, y la operación tecnológica del sistema. Sin embargo, la empresa habría buscado su extensión a través de mecanismos irregulares, incluyendo adendas no aprobadas por el Consejo del INTRANT y sin licitación pública.
Los hechos denunciados podrían constituir delitos de soborno (Ley 448-06), asociación de malhechores, lavado de activos (Ley 155-17), estafa al Estado, y extorsión electrónica (Ley 53-07). La querella está sustentada en informes técnicos del INTRANT y la Contraloría General, así como en evidencias documentales y testimonios que apuntan a la existencia de una red criminal estructurada para influir ilegalmente en decisiones administrativas y apropiarse de fondos públicos.
La acción legal destaca por su carácter inusual: es raro que un órgano estatal ejerza directamente la acción penal como actor civil en casos de corrupción. Normalmente, estos delitos son perseguidos por el Ministerio Público en representación del Estado. Esta decisión marca un precedente singular en la lucha contra la corrupción administrativa en el país.
Ana María Soto Gross
