Ana María Soto Gross
El Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional dará inicio este martes al juicio de fondo contra el exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, el empresario José Ángel Gómez Canaán, conocido como Jochi Gómez, y los demás imputados en el denominado caso Camaleón.
La audiencia está programada para las 9:00 de la mañana y representa una etapa clave del proceso judicial, en la que el Ministerio Público y las defensas deberán presentar y debatir las pruebas relacionadas con las acusaciones formuladas en el expediente.
El Ministerio Público sostiene que los imputados habrían participado en presuntas irregularidades durante el proceso de contratación de la empresa Transcore Latam para la modernización de la red semafórica del Gran Santo Domingo, mediante un contrato superior a los RD$1,300 millones.
Según la acusación, Jochi Gómez habría desempeñado un papel relevante en las operaciones vinculadas a Transcore Latam, mientras que otros exfuncionarios del Intrant también son señalados por su presunta participación en distintas acciones relacionadas con el proceso de contratación.
Entre los delitos atribuidos figuran coalición de funcionarios, asociación de malhechores, lavado de activos, desfalco, estafa contra el Estado, sabotaje, robo de identidad y delitos de alta tecnología.
El expediente también establece que, tras la suspensión del contrato con Transcore Latam, se habrían registrado acciones que afectaron el funcionamiento de algunos semáforos del Gran Santo Domingo.
Además de Beras y Gómez, el proceso involucra a Pedro Vinicio Padovani Báez, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Frank Rafael Atilano Díaz Warden y Juan Francisco Álvarez Carbuccia, así como a varias sociedades comerciales.
En total, el caso abarca a diez personas y empresas, entre ellas Transcore Latam SRL, Aurix SAS, Inprosol SRL, OML Inversiones SRL, PagoRD Xchange SRL, Industria Soltex Dominicana SRL y Dekolor SRL.
El juicio de fondo permitirá al tribunal conocer los elementos probatorios presentados por las partes y determinar, al concluir el proceso, si existen responsabilidades penales por los hechos atribuidos.
