Isabel Ciprian
La comunicadora Ingrid Altagracia Jorge Pérez, conocida popularmente como “La Torita”, enfrentará dos audiencias de medidas de coerción los próximos 3 y 7 de julio, tras ser acusada de difamación por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, y el procurador adjunto Iván Feliz Vargas.
La primera audiencia fue fijada para el jueves 3 de julio, por la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en relación con la querella presentada por el magistrado Feliz Vargas.
La segunda se celebrará el domingo 7 de julio a las 9:00 a.m., bajo la responsabilidad de la jueza Yanibet Rivas, del Sexto Juzgado de la Instrucción, y responde a la denuncia interpuesta por la ministra Raful.
Ambos casos fueron asignados de manera aleatoria mediante sorteo computarizado, encabezado por la jueza Kenya Romero, coordinadora de los juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
¿Qué solicitan los fiscales?
La Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) presentó las solicitudes de medida de coerción. En ellas, el Ministerio Público pide que a Jorge se le impongan las siguientes medidas:
- Pago de garantía económica
- Presentación periódica ante el tribunal
- Impedimento de salida del país
Acusaciones por difamación digital
Según los fiscales, Ingrid Jorge habría llevado a cabo una campaña sistemática de descrédito contra Raful y Feliz Vargas, utilizando plataformas digitales como YouTube, Instagram y X (antes Twitter). Se le acusa de haber difundido información falsa y difamatoria, lo que constituiría un delito de carácter penal.
La legislación dominicana establece que este tipo de delitos conlleva una pena de hasta un año de prisión, además de una multa de hasta quinientos salarios mínimos. Como parte de las acciones, también se solicita que la imputada elimine las publicaciones difamatorias de sus redes sociales.
Este caso se inscribe dentro del marco legal que regula los delitos tecnológicos en el país y representa un nuevo escenario judicial sobre los límites de la libertad de expresión en plataformas digitales.
Ana María Soto Gross
