Isabel Ciprian
La Dirección Ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) informó que fue la propia institución la que solicitó la intervención de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) y del Consejo Nacional de Defensa de la Competencia (Pro-Competencia) en relación al proceso de contratación para la adquisición de utilería escolar.
Según explicó la entidad en una nota de prensa, durante la licitación que ha sido objeto de cobertura mediática en el programa El Informe con Alicia Ortega se detectaron indicios de prácticas anticompetitivas y la posible presentación de documentos alterados o falsos por parte de algunas empresas participantes.
Como parte de las acciones correctivas, el INABIE remitió en febrero un informe a Pro-Competencia, solicitando la investigación de nueve empresas ante sospechas de acciones que podrían vulnerar la libre competencia. De igual manera, en ese mismo mes, la institución pidió a la DGCP la inhabilitación definitiva del Registro de Proveedor del Estado (RPE) de cinco compañías, por irregularidades documentales identificadas gracias a los procedimientos de debida diligencia aplicados por el organismo.
Medidas disciplinarias y reiteración de solicitud
En abril, luego de la difusión de un reportaje de investigación, el INABIE reiteró su solicitud tanto a la DGCP como a Pro-Competencia para ampliar la investigación a todas las empresas involucradas en la licitación. Como medida preventiva, la Dirección Ejecutiva ordenó la suspensión de la firma y certificación de contratos con las empresas señaladas, así como la suspensión de los servidores públicos implicados en el proceso.
Ana María Soto Gross
