Isabel Ciprian
Una jueza ordenó tres meses de prisión preventiva contra el fiscal Aurelio Valdez Alcántara, tras acoger las evidencias presentadas por el Ministerio Público que lo vinculan a la recepción de US$10,000 mediante una entrega vigilada realizada a una persona bajo investigación.
El imputado deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, ubicado en la provincia San Cristóbal.
La decisión fue tomada por la magistrada Ysis Muñiz, del Juzgado de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, quien validó la solicitud de medida de coerción presentada por el órgano acusador.
El expediente fue sustentado por el Ministerio Público, encabezado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, junto al procurador adjunto Wilson Camacho y el fiscal Andrés Mena.
Fundamentos de la decisión
La jueza rechazó los incidentes planteados por la defensa, que incluían la solicitud de nulidad del proceso, y consideró que la actuación del Ministerio Público se ajustó a la ley. Explicó que, una vez se concreta la entrega del dinero, se configura una situación de flagrancia que justifica la intervención inmediata de las autoridades sin necesidad de una orden de arresto.
Asimismo, destacó que la entrega vigilada es una técnica especial contemplada en la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, la cual requiere autorización judicial previa, requisito que según indicó fue cumplido en este caso.
Muñiz también señaló que el delito de soborno figura como precedente dentro de esta legislación, lo que respalda la calificación jurídica provisional otorgada por el Ministerio Público.
Peligro de fuga y gravedad del hecho
Al evaluar la medida, el tribunal tomó en cuenta no solo el arraigo del imputado, sino también la gravedad de los hechos, el daño causado y la posible pena a imponer, elementos que consideró determinantes para establecer el riesgo de fuga.
Aunque el Ministerio Público había solicitado un año de prisión preventiva, el tribunal optó por imponer tres meses, cuya revisión fue fijada para el 29 de junio de 2026.
Detalles de la investigación
De acuerdo con la acusación, Valdez Alcántara habría exigido inicialmente US$200,000 a la persona investigada, monto que luego redujo a US$150,000 durante negociaciones en las que también solicitó un reloj de lujo marca Rolex y un vehículo Mercedes Benz.
La investigación es dirigida directamente por la procuradora general, quien reiteró su compromiso de no tolerar actos de corrupción dentro del sistema de justicia, calificando el caso como de alta gravedad.
Ana María Soto Gross
