Isabel Ciprian
Un tribunal de Santo Domingo Este impuso prisión preventiva a un ciudadano colombiano detenido en el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA), cuando intentaba viajar a Panamá con US$600,700 sin declarar, además de otras divisas en euros y pesos colombianos.
El imputado, Mauricio Alberto Ossa Ospina, de 47 años, deberá cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, en San Cristóbal. Asimismo, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente declaró complejo el proceso, a solicitud del Ministerio Público. La decisión fue tomada por el juez Leomar Cruz Quezada, luego de que la audiencia fuera aplazada en seis ocasiones a petición de la defensa.
Según el expediente, Ossa Ospina fue arrestado el pasado 3 de septiembre, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando se disponía a salir del país con destino a Panamá.
Durante la inspección de su equipaje, las autoridades ocuparon US$600,700, cinco euros y 647,000 pesos colombianos, dinero que no había sido declarado ante las autoridades aduaneras. También le incautaron un teléfono celular y un pasaporte.
El procedimiento se produjo luego de que miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil (CESAC) alertaran a un oficial de la Dirección General de Aduanas sobre las divisas detectadas durante la revisión.
Los documentos del caso indican que el extranjero había llegado a República Dominicana ese mismo día, procedente del Aeropuerto Internacional José María Córdova, de Medellín, Colombia. La investigación está a cargo de la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales del Ministerio Público, bajo la dirección de la procuradora general de corte de apelación Aracelis Peralta.
Cargos por lavado de activos y contrabando
El Ministerio Público atribuye provisionalmente al imputado infracciones relacionadas con el lavado de activos, conforme a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como el delito de contrabando, contemplado en la Ley 168-21 de Aduanas.
Para sustentar la solicitud de prisión preventiva, el órgano acusador presentó pruebas documentales, materiales y testimoniales que, según sostiene, vinculan al extranjero con los hechos investigados.
La declaratoria de complejidad permitirá al Ministerio Público disponer de un plazo mayor para profundizar las pesquisas y presentar el requerimiento conclusivo correspondiente. El caso continúa en fase de investigación, por lo que las imputaciones deberán ser examinadas conforme al debido proceso y al principio de presunción de inocencia
Ana María Soto Gross
