Advertisement

Imponen garantías económicas y restricción de salida a implicados en caso del night club Keobs en Puerto Plata

Puerto Plata. La Oficina Judicial de Atención Permanente de esta provincia impuso una garantía económica de 300 mil pesos y impedimento de salida del país al empresario Luis Carlos Céspedes, propietario del centro de diversión nocturno Keobs, como parte del proceso judicial que se le sigue por presunta explotación sexual.

Asimismo, el tribunal dispuso garantías económicas de 100 mil pesos e impedimento de salida contra Rocío Nicole Paulino, conocida como Mamasán, así como contra Vanesa Sirete Ventura y Madelyn Antorcha Francisco Cortés, todos señalados como integrantes de una supuesta red que operaba en el referido establecimiento.

El Ministerio Público había solicitado la imposición de 18 meses de prisión preventiva para los imputados, al atribuirles la participación en una presunta estructura dedicada a la explotación sexual en el Night Club Keobs, ubicado en el edificio Carlos III de la calle Las Palomas, en la urbanización Cerros del Atlántico.

De manera provisional, el órgano acusador calificó los hechos como trata de personas agravada, en violación de los artículos 1, 3 literales C y E, y 7 literales A y D de la Ley 137-03 sobre Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas, en perjuicio de las presuntas víctimas y del Estado dominicano.

Además, el Ministerio Público imputó proxenetismo agravado, conforme a los artículos 334 y 334-1, numeral 6, del Código Penal Dominicano, modificados por la Ley 24-97, así como lavado de activos, por la supuesta violación de los artículos 3 y 4 de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

La Oficina Judicial acogió los argumentos presentados por los abogados de la defensa, quienes sostuvieron que Céspedes Herrera cumple con los requisitos legales para responder ante las autoridades cuando sea requerido. Los defensores solicitaron, además, la reapertura de las empresas vinculadas al imputado, alegando que de ellas dependen decenas de familias, así como la devolución del dinero incautado, a fin de cumplir compromisos económicos y el pago de nóminas a los empleados.