Isabel Ciprian
Varios propietarios y representantes de armerías investigados dentro de la Operación Armum deberán enfrentar el proceso judicial bajo medidas de coerción impuestas por tribunales del Distrito Nacional y Santo Domingo Este.
Las disposiciones incluyen garantías económicas de hasta cuatro millones de pesos, presentación periódica e impedimento de salida del país sin autorización judicial. Los imputados son investigados por el Ministerio Público por su presunta vinculación con la comercialización irregular de armas de fuego, municiones y otros materiales relacionados.
En el Distrito Nacional, la jueza Fátima Veloz impuso una garantía de cuatro millones de pesos a Braulio Veras Rodríguez y de tres millones 500 mil pesos a Henry Leónidas Tejeda Peralta.
Alexis Díaz Rodríguez deberá pagar una garantía de tres millones de pesos, mientras que Manuel de los Santos Acevedo y Jonathan Méndez Decena recibieron garantías de dos millones de pesos cada uno.
En tanto, Wilmer Brahian Florentino Beltré y Benito Alifonso Quezada deberán cumplir con garantías económicas de un millón de pesos, mediante contratos de fianza con compañías aseguradoras.
La investigación también alcanza a las empresas Gestiones de Armas de Fuego Braulio S.R.L., Tejeda Álvarez y Asociados SRL, Armería Braihan, Armería Los Cocolos, Armería Gavilán y Armería Eliezel.
Mientras que en Santo Domingo Este, María Mercedes Navarro Viña, Eddy Herubey Hernández Ureña y Carlos Manuel Lorenzo Sánchez quedaron sujetos a una garantía económica de 500 mil pesos, presentación periódica e impedimento de salida. En esta jurisdicción también son investigadas las armerías Los Héctor y Joso Eirl.
El Ministerio Público señala a los imputados de presuntamente infringir la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, específicamente por hechos vinculados con tenencia ilegal, almacenamiento irregular e intermediación no autorizada de armas y municiones.
Según la acusación, los delitos investigados podrían conllevar penas de entre 10 y 20 años de prisión. La resolución correspondiente al Distrito Nacional fue enviada al Sexto Juzgado de la Instrucción, que tendrá a su cargo el control de la investigación.
La Operación Armum fue ejecutada el primero de septiembre mediante 18 allanamientos en distintas localidades, entre ellas el Distrito Nacional, Mao, Espaillat, San Francisco de Macorís, Santiago y Santo Domingo Este.
Durante los operativos, las autoridades ocuparon cerca de 200 armas de fuego y unas 40 mil municiones, además de armas sin documentación, cargadores, miras telescópicas, equipos modificados y otros pertrechos.
De acuerdo con el Ministerio Público, las pesquisas detectaron establecimientos que supuestamente funcionaban sin licencia, con permisos vencidos o realizando actividades que no estaban autorizadas, además de retener armas pertenecientes a terceros y comercializar municiones de manera irregular.
Ana María Soto Gross
