Isabel Ciprian
Líderes de las comunidades Católica y Evangélica de la República Dominicana expresaron una firme condena ante el escándalo de presunta corrupción que afecta al Seguro Nacional de Salud (Senasa), señalando que estos hechos no solo constituyen un grave delito económico, sino también una falta moral que vulnera la dignidad humana y los derechos fundamentales de la población.
El obispo de la Diócesis Stella Maris, Manuel Ruíz de la Rosa, criticó duramente lo que calificó como un trato desigual por parte del Ministerio Público en la imposición de medidas de coerción. Cuestionó que, mientras se solicita prisión preventiva por 18 meses contra siete imputados, otros señalados permanezcan en arresto domiciliario por haber colaborado con la investigación.
A juicio del prelado, esta actuación envía un mensaje negativo a la sociedad, al dar la impresión de que quienes cometen grandes desfalcos pueden beneficiarse de condiciones favorables simplemente por ofrecer cooperación. “Parece que robar mucho y luego prometer colaborar permite conservar parte de lo sustraído y evitar consecuencias reales”, advirtió.
Ruíz de la Rosa también hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que considere la creación de una unidad especial de inteligencia y contrainteligencia que dependa directamente del Poder Ejecutivo, ante lo que describió como deficiencias en los actuales mecanismos de control institucional.
Advertencia desde la Iglesia católica
Desde la Arquidiócesis de Santo Domingo, el arzobispo coadjutor monseñor Carlos Tomás Morel Diplán afirmó que cualquier acto de corrupción que afecte a Senasa repercute directamente en la vida y la salud de millones de dominicanos, en especial de los sectores más vulnerables.
El religioso sostuvo que este tipo de prácticas contradicen los principios éticos fundamentales y se oponen abiertamente a los valores cristianos, además de erosionar la democracia al debilitar la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Pronunciamiento evangélico
Por su parte, el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE), a través de su presidente Feliciano Lacen Custodio, exigió al Ministerio Público y al Poder Judicial actuar con rigor, transparencia y respeto al Estado de derecho, evitando lo que definieron como populismo penal.
CODUE señaló que la corrupción en Senasa, por tratarse de la administradora de riesgos de salud con mayor impacto social, constituye un agravio moral contra Dios y contra el prójimo, al desviar recursos destinados a garantizar el bienestar de la población.
La entidad evangélica instó a que se asegure justicia efectiva, se protejan los derechos de los afiliados y se revisen las prácticas relacionadas con pagos excesivos y mecanismos operativos. Asimismo, advirtió que la impunidad pone en riesgo la estabilidad democrática y llamó a una profunda renovación ética que transforme tanto a las personas como a las estructuras del Estado.
Ana María Soto Gross
