La diputada Lidia Pérez, hermana del fallecido merenguero Rubby Pérez, aseguró que el colapso del techo en la discoteca Jet Set que cobró la vida de 236 personas, incluyendo a su hermano pudo haberse evitado si los propietarios hubiesen atendido las múltiples advertencias previas al desastre.
Durante su intervención, Pérez expresó su consternación tras revisar el informe del Ministerio Público, donde se detallan las omisiones atribuidas a Antonio Espaillat, principal acusado del caso. «Temblé al leerlo. Me vi obligada a retroceder emocionalmente hacia el momento de la tragedia. Fue un evento cien por ciento evitable», declaró la congresista visiblemente afectada.
Según la diputada, tanto ingenieros como empleados de la discoteca advirtieron a Espaillat sobre el riesgo inminente de colapso, incluso una hora antes del siniestro, sin que se tomaran medidas. También mencionó que cuando el encargado del establecimiento pidió suspender la actividad, la solicitud fue ignorada.
Piden aprobar ley para prevenir tragedias similares
En medio de sus declaraciones, Lidia Pérez hizo un llamado directo al presidente Luis Abinader para que se apruebe con urgencia un proyecto de ley sobre supervisión de infraestructuras, que busca establecer mecanismos de vigilancia técnica obligatoria sobre edificaciones de uso público.
«La justicia no es venganza, es reparación. Espero que esta legislatura no concluya sin ofrecerle a las víctimas del Jet Set, y a todo el país, una respuesta legislativa responsable», afirmó.
Querella formal de la familia Pérez
La familia del artista Rubby Pérez también informó, mediante comunicado oficial, que sus hijas, Casiey y Ana Beatriz Pérez, presentaron una querella formal contra los propietarios y socios de la discoteca. Indicaron que cuentan con el respaldo unánime de sus familiares.
Próxima audiencia y medidas solicitadas
El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat fue aplazado para este miércoles 18 de junio, cuando el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional conocerá la solicitud de medidas coercitivas del Ministerio Público. Este busca prisión preventiva para Antonio Espaillat y arresto domiciliario para Maribel, ambos imputados por homicidio involuntario.
La tragedia ocurrida el pasado 8 de abril sigue generando repercusiones judiciales, políticas y sociales, mientras las familias afectadas claman por justicia y reformas que impidan que una catástrofe similar vuelva a repetirse.
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