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Guido Gómez Mazara exige sanciones ejemplares por irregularidades en Senasa: “Caiga quien caiga”

Santo Domingo.– El presidente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), Guido Gómez Mazara, se pronunció sobre los recientes escándalos vinculados al Seguro Nacional de Salud (Senasa), exigiendo que se apliquen sanciones sin contemplaciones a los responsables de irregularidades, sin importar vínculos familiares o partidarios.

Durante una rueda de prensa celebrada en la sede de Indotel, Gómez Mazara afirmó que el pueblo dominicano no olvida los casos de corrupción cometidos por exfuncionarios de gobiernos anteriores, y señaló que la lucha contra la impunidad debe mantenerse firme.

“Este país recuerda que funcionarios tenían el monopolio del relajo, la opresión civil… lo que hacía Jean Alain en la Procuraduría General de la República, lo que hacía el exministro de Hacienda, haciendo acuerdos extraños con el cobro de tierras hace 50 o 60 años”, expresó.

“Y si alguien de nosotros se equivoca, que le den con todo el peso de la ley. Caiga quien caiga”, enfatizó.

Senasa bajo la lupa

El dirigente político hizo referencia directa al caso de Senasa, actualmente bajo una auditoría ordenada por el presidente Luis Abinader, luego de que se detectaran irregularidades administrativas en los últimos años.

Gómez Mazara reveló que, incluso antes de estallar el escándalo, un familiar del expresidente de la República devolvió al Estado RD$3,000 millones, lo que, a su juicio, desmonta la narrativa de la oposición de que “todos son iguales”.

Recuperación de fondos públicos

El presidente del Indotel destacó que, durante los cuatro años y medio de gobierno de Abinader, el Ministerio Público ha recuperado unos RD$4,000 millones provenientes de fondos públicos sustraídos por actos de corrupción.

“Ese dinero recuperado es superior al presupuesto de ministerios completos como el de Trabajo, Deporte, la Mujer o la Juventud”, apuntó.

Finalmente, insistió en que las investigaciones sobre Senasa deben continuar y que no debe haber privilegios ni excepciones para quienes hayan cometido faltas administrativas o penales.