Isabel Ciprian
El Poder Ejecutivo emitió el decreto 502-26, mediante el cual establece un nuevo procedimiento administrativo para prevenir, detectar y restringir el ingreso al país de mercancías y bienes elaborados total o parcialmente mediante trabajo forzoso. La medida busca reforzar la protección de los derechos humanos y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana en esta materia.
A través del decreto, se autoriza a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir, mediante una decisión debidamente motivada, la importación de productos cuando se compruebe que fueron fabricados utilizando trabajo forzoso. Las disposiciones también podrán aplicarse a mercancías que ya hayan salido de su país de origen, se encuentren en puertos dominicanos o estén sujetas a algún régimen u operación aduanera antes de su entrada definitiva al territorio nacional.
En esos casos, la DGA podrá ordenar, de acuerdo con las circunstancias, la reexportación de los productos hacia el país de procedencia o a otro destino autorizado. También podrá disponer su destrucción o aplicar cualquier otra medida contemplada por la legislación vigente. Como parte del nuevo procedimiento, la institución deberá mantener un registro administrativo de las mercancías cuya importación haya sido prohibida por estar vinculadas con prácticas de trabajo forzoso.
El decreto contempla además el fortalecimiento de la cooperación internacional y el intercambio de información con organismos y autoridades de otros países, con el propósito de identificar productos que puedan haber sido elaborados bajo condiciones de trabajo forzoso y adoptar mecanismos de prevención más efectivos.
Asimismo, establece una coordinación entre la Dirección General de Aduanas, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio Público, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, el Ministerio de Relaciones Exteriores y otras instituciones competentes.
Esta articulación interinstitucional busca fortalecer los controles, mejorar la capacidad de detección y prevenir que mercancías producidas mediante trabajo forzoso ingresen al mercado dominicano.
Ana María Soto Gross
