Santo Domingo.– La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, anunció que las patinetas y motocicletas eléctricas deberán ser clasificadas por categorías antes de establecer una normativa que regule su circulación en las vías públicas del país.
La funcionaria explicó que estos dispositivos presentan diferencias en potencia, velocidad y diseño, por lo que no pueden ser tratados bajo un mismo criterio. “Existen distintos tipos, con modalidades y velocidades variadas, y cada uno requiere una regulación específica”, sostuvo.
Raful ofreció estas declaraciones tras la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, encabezada por el presidente Luis Abinader en el Palacio de la Policía Nacional.
Reuniones técnicas y próxima resolución
La ministra informó que la semana pasada se realizó un encuentro con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y representantes de asociaciones vinculadas a la movilidad eléctrica, entre ellos importadores y distribuidores de estos equipos.
Según indicó, el consenso principal fue la necesidad de establecer una categorización formal como paso previo a la emisión de la resolución. Para este miércoles está prevista una reunión técnica en el Ministerio de Interior y Policía con el objetivo de ultimar detalles del documento que emitirá el Intrant.
La normativa definirá qué dispositivos deberán portar placas, cuáles podrán ser conducidos por menores de edad, los límites de velocidad permitidos y los requisitos obligatorios para su uso. “Se trata de salvar vidas”, expresó Raful, al señalar que ya se han registrado incidentes vinculados al uso inadecuado de estos vehículos.
Protestas y cuestionamientos
La medida se produce en medio de operativos de incautación realizados por las autoridades, acciones que han generado inconformidad entre usuarios y comerciantes.
El pasado domingo, un grupo de ciudadanos se manifestó en el Parque Independencia para exigir el cese de las confiscaciones. Durante la protesta, Raymond Jacquez, uno de los participantes, pidió a la ministra que instruya a la Policía Nacional a detener los operativos en todo el país.
Los manifestantes calificaron las incautaciones como un “atropello” y argumentaron que vulneran derechos constitucionales como el libre tránsito y la propiedad privada.
Se espera que la resolución definitiva sea dada a conocer la próxima semana, una vez concluyan las reuniones técnicas.
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