Ana María Soto Gross
La ministra de Interior y Policía, Faride Raful, afirmó que los llamados “intercambios de disparos” no constituyen una política de Estado y aseguró que las actuaciones de los agentes policiales son sometidas a mecanismos de supervisión e investigación.
Durante una entrevista en el programa El Despertador, Raful fue cuestionada sobre las recientes declaraciones del presidente Luis Abinader, quien advirtió que a los delincuentes que no se entreguen a las autoridades “les irá peor”, y sobre si ese mensaje podría interpretarse como una validación de los enfrentamientos policiales.
“Creo que no me toca a mí interpretar sus palabras”, respondió la funcionaria, al señalar que su responsabilidad está relacionada con la supervisión de la operatividad policial.
Raful explicó que, de acuerdo con los reportes que reciben las autoridades, en algunos operativos los agentes encuentran resistencia armada por parte de las personas que intentan detener.
“Generalmente no los esperan con las manos arriba, sino que los esperan con enfrentamientos y se generan situaciones lamentables”, sostuvo.
Investigación de actuaciones policiales
La ministra aseguró que las autoridades utilizan cámaras corporales y dispositivos de vigilancia del Sistema 911 para revisar las actuaciones de los agentes y contribuir a las investigaciones.
Según sus declaraciones, el país cuenta con más de 10,000 cámaras de vigilancia del 911.
Al ser consultada sobre un video difundido por la Comisión de Derechos Humanos, que presuntamente mostraría a una persona entregándose antes de morir durante una intervención policial, Raful indicó que el caso está siendo investigado por los organismos de control de la Policía.
Explicó que el director general de la institución informó sobre el caso durante una reunión de la fuerza de tarea y que, una vez conocido el hecho, se dispuso una investigación.
La funcionaria señaló que la Policía realiza las pesquisas correspondientes y que los expedientes son remitidos al Ministerio Público cuando existen elementos que ameriten continuar el proceso en la justicia.
Rechaza que los “intercambios de disparos” sean una política oficial
Raful fue enfática al negar que los enfrentamientos registrados entre policías y presuntos delincuentes formen parte de una política gubernamental.
“Todo el mundo sabe que no es una política de Estado”, afirmó.
La ministra indicó que un decreto presidencial emitido en 2024, relacionado con la reforma policial, establece entre sus prioridades el respeto de los derechos humanos y el uso proporcional de la fuerza.
También destacó que la función principal de la Policía Nacional es preventiva y que su labor debe estar orientada a preservar el orden público y fortalecer la convivencia ciudadana.
No todos los agentes tienen cámaras corporales
Sobre la falta de registros audiovisuales en determinadas operaciones, Raful reconoció que la Policía todavía no dispone de suficientes cámaras corporales para todos sus agentes.
Explicó que la institución cuenta con unos 46,000 policías y alrededor de 10,000 cámaras corporales, cuya distribución se ha concentrado especialmente en los agentes que forman parte del nuevo modelo de patrullaje.
La funcionaria aseguró que el Gobierno trabaja en la adquisición de más equipos y que la meta es que los policías que realizan labores de prevención e investigación en las calles dispongan de una cámara corporal.
Según Raful, estos dispositivos permiten documentar las intervenciones, supervisar la actuación de los agentes y contribuir a esclarecer posibles hechos de corrupción o uso indebido de la fuerza.
Defiende sometimiento de agentes ante la justicia
La ministra también defendió las acciones emprendidas contra agentes policiales señalados por presuntas irregularidades.
Afirmó que durante la actual gestión varios miembros de la Policía han sido enviados ante el Ministerio Público por actuaciones que, según las investigaciones, habrían excedido sus funciones o estarían vinculadas con hechos de corrupción.
Entre los casos citados mencionó a un intendente de armas señalado por un supuesto tráfico de armas y municiones, así como una operación realizada en Santiago en la que cinco agentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.
Raful sostuvo que el Consejo Superior Policial está dando seguimiento a los informes de los organismos de control y afirmó que las autoridades mantienen una postura firme frente a las conductas irregulares dentro de la institución.
Más patrullaje y capacitación
La funcionaria explicó que el nuevo modelo de patrullaje comenzó como un plan piloto en cuatro departamentos policiales y que se contempla su expansión a otras 20 demarcaciones antes de diciembre.
La ampliación se realiza tomando como referencia las zonas identificadas mediante el denominado mapa de calor, utilizado para determinar los puntos donde se requiere mayor presencia policial.
Raful señaló que este proceso requiere vehículos, cámaras, armas, equipos tecnológicos y personal capacitado para supervisar las operaciones desde los centros de monitoreo policial.
También informó que más de 8,000 agentes han recibido entrenamiento CITAP y destacó que los nuevos policías permanecen un año en la academia antes de incorporarse a las labores en las calles, frente a los tres meses de formación que, según explicó, recibían anteriormente.
La ministra reconoció que todavía existen aspectos por mejorar en la capacitación y equipamiento de los agentes.
Asimismo, indicó que la proporción de policías destinados al patrullaje aumentó del 12 % al 31 %, con la meta de superar el 40 % en 2028.
Raful plantea una visión integral de la seguridad
La ministra sostuvo que la seguridad ciudadana no depende exclusivamente de la Policía Nacional, sino que requiere la participación de distintas instituciones del Estado.
Explicó que factores como la iluminación de las calles, las condiciones de las aceras, las oportunidades en los barrios y el acceso a la justicia también inciden en la seguridad de las comunidades.
En ese sentido, señaló que el Plan Estratégico de Seguridad Ciudadana busca coordinar las acciones de diferentes instituciones y dirigir recursos hacia las zonas que presentan mayores necesidades.
Raful consideró que uno de los principales desafíos es transformar la cultura de violencia y mantener una evaluación constante de las políticas implementadas para determinar qué aspectos deben ser fortalecidos.
Isabel Ciprian
