La familia del reconocido merenguero Rubby Pérez presentó ayer martes una querella formal contra Antonio y Maribel Espaillat, propietarios de la discoteca Jet Set, tras el trágico colapso del techo ocurrido durante una presentación artística que cobró la vida de más de 200 personas.
Mediante un comunicado público, los familiares del artista calificaron la querella como “una herramienta legal, pero también un acto de memoria”, con el objetivo de esclarecer los hechos, establecer responsabilidades y evitar que las víctimas sean olvidadas en el relato institucional.
“No buscamos castigar sin fundamentos ni emitir juicios paralelos. Queremos verdad, investigación y responsabilidad”, manifestaron.
Se intensifica proceso legal contra los hermanos Espaillat
En paralelo, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, conocerá este miércoles la solicitud de medidas de coerción contra los hermanos Espaillat, quienes enfrentan cargos por homicidio involuntario tras la muerte de 235 personas durante el evento.
El Ministerio Público ha solicitado que el caso sea declarado complejo. También ha pedido prisión preventiva por 18 meses para Antonio Espaillat, y arresto domiciliario para su hermana Maribel, quien fue trasladada este martes a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva tras recibir el alta médica.
Antonio Espaillat, por su parte, cumple su sexta noche detenido en la cuarta planta del mismo recinto.
El expediente fiscal señala que el colapso fue consecuencia de negligencias estructurales y reiteradas advertencias que fueron ignoradas por los propietarios. Una de las pruebas clave es el testimonio de Gregorio Adames, encargado de reservaciones del local, quien habría advertido el mismo día del evento sobre desprendimientos en el techo y solicitó suspender la actividad, sin recibir respuesta.
Víctimas buscan reparación y justicia
Mientras tanto, la defensa legal de los imputados ha optado por una postura cautelosa, evitando solicitudes formales antes de la audiencia. Por otro lado, abogados representantes de las víctimas preparan acciones civiles y reclamos de indemnización, anticipando un proceso judicial extenso.
Entre las propuestas figura la imposición de una garantía económica de 300 millones de pesos para los acusados, con el objetivo de garantizar recursos destinados a compensar a las familias afectadas.
“Esto no es una condena anticipada. Es una medida para asegurar la reparación del daño”, argumentaron.
Dos meses después del desastre, el proceso judicial mantiene viva la demanda de justicia por parte de familiares y sobrevivientes, en uno de los casos más trágicos que ha sacudido al país en tiempos recientes.
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