El Estado dominicano se ha constituido formalmente como actor civil en el proceso judicial contra Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), el empresario José “Jochi” Gómez-Canaán, y otros implicados en un presunto fraude relacionado con el contrato para la modernización del sistema de semáforos del Gran Santo Domingo.
La querella fue presentada ante la jueza Patricia Padilla, del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, y está siendo gestionada por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca). La acción judicial fue interpuesta por abogados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público en representación del Estado y el Intrant.
Además de Beras y Gómez-Canaán, la querella también incluye a Frank Díaz Warden, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, Pedro Vinicio Padovani Báez, Juan Francisco Álvarez Carbuccia, Carlos José Peguero Vargas, así como a las empresas Transcore Latam, Aurix S.A.S. e Inprosol S.R.L.
A los imputados se les atribuyen delitos como estafa al Estado, desfalco, falsificación de documentos, coalición de funcionarios, contrabando, sabotaje a infraestructura crítica, terrorismo, y robo de identidad. Estos crímenes están tipificados en el artículo 146 de la Constitución dominicana, que prohíbe la corrupción en el ejercicio de funciones públicas.
Aunque los abogados aún no han especificado el monto de indemnización que se reclamará por los daños al Estado, se reservaron el derecho de ampliar la querella contra otras personas o entidades, tanto nacionales como extranjeras, en caso de que nuevas pruebas surjan durante el proceso.
Asimismo, el Estado mantiene la posibilidad de presentar acusación particular y de definir sus pretensiones económicas y jurídicas en el momento procesal correspondiente, de acuerdo con lo que establezca la ley.
Este caso se perfila como uno de los más complejos en la lucha contra la corrupción administrativa, y podría implicar una red amplia de funcionarios y empresarios vinculados al uso indebido de fondos públicos bajo el marco de crimen organizado.
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