Estado dominicano reclama RD$50 mil millones en querella penal por corrupción en sector eléctrico

Santo Domingo. – El Estado dominicano, junto a las empresas distribuidoras de electricidad EDESUR, EDENORTE y EDEESTE, presentó una querella penal contra exfuncionarios de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y un grupo de empresarios, por su presunta participación en un entramado de corrupción basado en contratos fraudulentos y sobrevalorados, que habría operado entre 2012 y 2020.

La acción legal, depositada ante el Ministerio Público el 14 de junio de 2021, fue firmada por el abogado Andrés Astacio Polanco, en representación del Estado, y redactada por un equipo legal encabezado por Miguel Valerio Jiminián, Ramón Emilio Núñez y José Figueroa Güílamo, bajo directrices del Poder Ejecutivo.

Principales acusados

Entre los principales señalados en la querella figuran:

• Jerges Rubén Jiménez Bichara
• Luis Ernesto de León Núñez
• Rubén Montás Domínguez
• Radhamés del Carmen Mariñez
• Julio César Correa
• Los empresarios Maxy y Gerardo Montilla Sierra
• Juan Alexis Medina Sánchez, hermano del expresidente Danilo Medina

Esquema de corrupción

Según la denuncia, los implicados habrían operado una red de corrupción desde la CDEEE, favoreciendo a más de 20 empresas mediante procesos amañados y violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. Entre las irregularidades documentadas se encuentran:

• Contratos sobrevalorados.
• Manipulación de licitaciones.
• Violaciones a los procedimientos legales de adquisición.
• Asociación ilícita entre funcionarios y empresarios.

Este esquema habría causado pérdidas multimillonarias al erario, afectando directamente los planes de expansión, modernización y mantenimiento del sistema eléctrico nacional.

Lo que reclama el Estado

La querella solicita al Ministerio Público:

• Admitir la querella y abrir una investigación penal formal.
• Imponer medidas de coerción, incluyendo prisión preventiva y embargos sobre bienes de los acusados.
• Anular los contratos fraudulentos.
• Procesar penalmente a los involucrados por los delitos de:
  • Estafa agravada
  • Prevaricación
  • Coalición de funcionarios
  • Falsificación
  • Soborno
  • Asociación de malhechores
  • Lavado de activos
• Reconocer al Estado y a las EDEs como actores civiles con una demanda de RD$50 mil millones como indemnización provisional por daños y perjuicios.

Impacto económico y social

El documento detalla que los recursos desviados estaban destinados a:

• Compra de equipos eléctricos
• Expansión de redes
• Mejoras en el servicio energético

Entre las consecuencias identificadas se destacan:

• Proyectos inconclusos o no ejecutados
• Mayor dependencia del subsidio estatal al sector eléctrico
• Aumento de la carga fiscal sobre el presupuesto nacional
• Comunidades sin acceso a obras prometidas

Además del impacto económico, la querella subraya un grave daño a la confianza pública en las instituciones responsables del sistema eléctrico nacional.