Isabel Ciprian
Santo Domingo. – El Ministerio Público interrogó este martes a Gregory Adamés, uno de los sobrevivientes y testigo clave de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, donde murieron más de 230 personas, incluido el artista Rubby Pérez. Adamés entregó presuntas pruebas que comprometerían tanto la responsabilidad civil como penal de los propietarios del establecimiento.
Adamés, quien laboraba como encargado de reservas y logística de eventos en el club, se presentó ante la Procuraduría General de la República junto a sus abogados Luis Andrés Aybar y Plinio Pina. Fue recibido por fiscales de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, encabezada por Wilson Camacho.
Durante el interrogatorio, Adamés también formalizó una querella con constitución en actor civil contra Antonio Espaillat López, su madre Ana Grecia López, y las empresas Inversiones E y L y Club Jet Set.
Evidencias de advertencia ignorada
Entre las pruebas depositadas se encuentra un teléfono móvil que contiene videos y conversaciones con Antonio Espaillat. En dichos mensajes, Adamés habría advertido con antelación sobre el peligro que representaba el techo del local, específicamente antes del evento del 8 de abril de 2025, día en que se produjo el colapso durante un concierto del merenguero Rubby Pérez.
Según la querella, Espaillat desestimó las advertencias, insistiendo en que la fiesta debía realizarse, a pesar del evidente deterioro estructural. El desplome del techo dejó un saldo trágico de 235 personas fallecidas y al menos 180 heridos, incluyendo al propio Gregory Adamés.
Aumentan las querellas y se señala al Estado
Con la querella de Adamés, ya suman 68 las acciones legales interpuestas en la Fiscalía del Distrito Nacional contra los propietarios de la discoteca. Varias de ellas también incluyen al Estado dominicano y a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN), señalando una presunta omisión en su deber de supervisar y garantizar la seguridad de establecimientos públicos.
Las acusaciones abarcan cargos de homicidio involuntario y negligencia, señalando posibles fallos estructurales y la instalación indebida de equipos pesados en el techo como factores determinantes del colapso.
Críticas a la inacción del Ministerio Público
Diversos querellantes han cuestionado la falta de acciones concretas contra los responsables, en particular contra Antonio Espaillat. Señalan que, hasta la fecha, el Ministerio Público no lo ha interrogado ni ha iniciado formalmente un proceso penal en su contra.
Los denunciantes insisten en que el Ministerio Público debe actuar con celeridad y objetividad para evitar el descrédito del sistema judicial ante una tragedia de esta magnitud.
Ana María Soto Gross
