Isabel Ciprian
Durante la actual administración del presidente Luis Abinader, la estabilidad del sistema eléctrico volvió a ocupar el centro del debate público tras registrarse dos apagones generales en un período de poco más de tres meses.
Ambos eventos afectaron a toda la República Dominicana y reactivaron cuestionamientos sobre la infraestructura energética, la gestión operativa y los planes de modernización del sector.
Primer apagón: noviembre de 2025
El 11 de noviembre de 2025, una falla provocó la salida total del sistema eléctrico interconectado, dejando al país completamente sin servicio. La interrupción impactó hogares, comercios, hospitales, industrias y el transporte público.
Las autoridades informaron que brigadas técnicas trabajaron de inmediato para restablecer el suministro de manera progresiva. No obstante, el evento generó pérdidas económicas significativas y obligó a activar protocolos de contingencia en diversos sectores productivos.
Especialistas en energía señalaron que la caída total evidenció vulnerabilidades en la red de transmisión y en los sistemas de protección ante fallas críticas.
Segundo apagón: febrero de 2026
El 23 de febrero de 2026, apenas 104 días después del primer colapso, se produjo un segundo apagón general. La repetición de un evento de esta magnitud en tan corto tiempo intensificó el debate público y político.
El Gobierno explicó que la interrupción respondió a una situación técnica específica dentro del sistema eléctrico nacional. Sin embargo, sectores empresariales y sociales demandaron mayor transparencia en torno a las causas y reclamaron acelerar las inversiones destinadas a fortalecer y modernizar la infraestructura energética.
Impacto y reacción pública
Estos dos apagones marcaron un punto de inflexión en la discusión sobre la seguridad energética del país. Aunque no se registraban interrupciones generales desde 2015, los recientes eventos devolvieron la atención a posibles debilidades estructurales del sistema.
Analistas advierten que un apagón nacional no solo compromete el suministro eléctrico, sino que también afecta servicios esenciales como telecomunicaciones, agua potable, salud pública y operaciones financieras. Desde el sector empresarial se ha reiterado que la estabilidad energética es un pilar fundamental para garantizar la confianza en la inversión y la competitividad económica.
