Isabel Ciprian
La periodista Edith Febles denunció que el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) fue notificado, al menos un mes antes del crimen, sobre el maltrato que sufría Smailin Coronado, la niña de siete años que murió el pasado 16 de agosto tras actos de tortura en su hogar, ubicado en el sector Los Guandules, Distrito Nacional.
Según Febles, una vecina del área se comunicó con una empleada del Centro de Atención Integral a la Primera Infancia (Caipi), identificada como Josefina, para denunciar de manera anónima que la menor estaba siendo abusada. La empleada respondió que su supervisora, una mujer llamada Santa, había procesado el reporte, lo subió a la plataforma institucional y lo marcó como “emergencia”.
En el programa “El Día” (Telesistema, canal 11), Edith Febles reveló audios y mensajes que prueban que el Inaipi estaba al tanto de la situación y cuestionó por qué no se alertó al Ministerio Público, al 9-1-1 o a Conani. “Aunque Inaipi no sea la institución responsable directa, sus empleados debieron actuar con mayor diligencia ante un caso de maltrato infantil evidente”, reclamó la periodista con indignación.
El caso ha causado conmoción nacional. La menor fue hallada muerta el 16 de agosto en la casa donde vivía con su tía, Yokeiry Coronado de la Cruz, y el esposo de esta, Jeider Montero Medina. El informe forense del Inacif confirmó que la niña murió tras un patrón de maltrato físico continuo. Montero habría confesado que solía encontrar a la niña amarrada y la desataba, aportando incluso imágenes como prueba.
La abuela de la menor, Arisleydi Coronado, relató que Yokeiry pidió quedarse con la niña alegando que no tenía hijos y se sentía sola. Tras la tragedia, una jueza del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra Yokeiry Coronado y Jeider Montero, quienes permanecen detenidos.
Edith Febles cuestionó también si el Ministerio Público se limitará a juzgar a los responsables directos o si ampliará la investigación hacia las instituciones que, pese a las alertas previas, no actuaron para evitar este desenlace.
Ana María Soto Gross
