Isabel Ciprian
Luego de varias horas de interrogatorio en la Procuraduría General de la República, los empresarios Antonio y Maribel Espaillat fueron detenidos y trasladados a la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, conocida como “la carcelita”. La detención se enmarca dentro de la investigación por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el pasado 8 de abril, que dejó un saldo de víctimas y generó gran conmoción pública.
Miguel Valerio, abogado de los hermanos, se pronunció tras los arrestos, asegurando que sus defendidos han colaborado en todo momento con las autoridades. Confirmó que el Ministerio Público decidió ejecutar la orden como parte del proceso y adelantó que en las próximas 48 horas se presentará una solicitud de medida de coerción. “Estamos ante un proceso doloroso. Mis clientes están dispuestos a esclarecer lo ocurrido con total transparencia”, afirmó.
Valerio explicó que el caso gira en torno a un posible “homicidio involuntario” y no a un hecho doloso. Destacó que no hubo intención alguna de provocar el derrumbe y recordó que la hermana de Antonio Espaillat se encontraba en el lugar al momento del colapso, lo que —según dijo— respalda la tesis de un accidente. “Nadie quería que esto pasara. Es una tragedia que afecta profundamente a la familia”, sostuvo.
Sobre las diferencias en los testimonios entre empleados y los acusados, el abogado reconoció que existen versiones encontradas, pero pidió prudencia y respeto al proceso: “El empleado dio su versión, nosotros tenemos la nuestra, y será el Ministerio Público quien determine la verdad”. Asimismo, subrayó la confidencialidad de la investigación en curso.
En relación con las acusaciones del Ministerio Público sobre presuntos intentos de intimidación a testigos, Valerio negó categóricamente los señalamientos. “¿Qué necesidad tendría la familia Espaillat de amenazar a testigos, cuando claramente no deseaban que ocurriera una tragedia?”, cuestionó.
Finalmente, el abogado lamentó lo que calificó como una distorsión del caso. “Estamos tratando una presunta imprudencia como si se tratara de crimen organizado. Se ha desnaturalizado el proceso”, afirmó. También defendió el historial empresarial de la familia Espaillat, con más de 50 años de trayectoria, y pidió que se respete el debido proceso mientras se esclarecen los hechos.
Ana María Soto Gross
