Santo Domingo.— La defensa del exministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta Fernández, aseguró que la acusación presentada en su contra dentro del denominado Caso Calamar carece de sustento probatorio y descansa exclusivamente en un testimonio contradictorio que no cuenta con respaldo documental.
Durante la audiencia preliminar, los abogados Pedro Balbuena, Emery Rodríguez y Santiago Rodríguez sostuvieron que, pese a más de cuatro años de investigaciones, el Ministerio Público no ha aportado ninguna evidencia concreta que vincule a Peralta con los hechos que se le imputan.
Indicaron que un examen exhaustivo del expediente revela que el exfuncionario no aparece relacionado en los principales ejes de investigación objetiva, tales como análisis financieros, auditorías institucionales o cruces de comunicaciones. En ese sentido, afirmaron que su inclusión en el proceso responde únicamente a una declaración aislada que no ha sido corroborada por pruebas materiales.
La defensa centró gran parte de sus argumentos en las inconsistencias del testimonio ofrecido por el testigo Bolívar Ventura. Explicaron que, en un interrogatorio realizado el 27 de noviembre de 2021, Ventura declaró haber entregado los cheques números 9401, 9414 y 9458 a Fernando Crisóstomo, Mimilo Jiménez y José Arturo Ureña. Sin embargo, en una declaración posterior, fechada el 9 de diciembre de 2022, el testigo varió su versión y afirmó que esos mismos cheques fueron entregados a Francisco Pagán, supuestamente para ser destinados a Donald Guerrero y José Ramón Peralta.
Para los abogados, este cambio sustancial resta credibilidad al testimonio y lo priva de valor probatorio. Añadieron que la propia documentación oficial incorporada al proceso contradice dicha versión, lo que, a su entender, evidencia que se trata de un relato construido sin base real.
Asimismo, destacaron una certificación emitida por la Superintendencia del Mercado de Valores (SIMV) el 8 de agosto de 2023, en la que se confirma que los resultados de un requerimiento judicial fueron remitidos a la PEPCA desde el 20 de julio de 2021. Este documento, según la defensa, contradice la afirmación del Ministerio Público de que esa información no existía o no había sido recibida.
De igual forma, el equipo legal presentó un informe del Ministerio de la Vivienda relativo a la extinta OISOE, el cual certifica que todas las obras asociadas al ingeniero Bolívar Ventura fueron debidamente auditadas y que José Ramón Peralta no tuvo participación alguna en esos procesos, ni a nivel administrativo ni operativo.
“Si se excluye ese testimonio contradictorio, no queda ningún elemento incriminatorio”, afirmó la defensa, al reiterar que el nombre de Peralta no figura en las propias líneas de investigación del Ministerio Público. A su juicio, las evidencias presentadas por la fiscalía no solo resultan irrelevantes, sino que incluso favorecen al exministro.
En virtud de estos argumentos, los abogados solicitaron al tribunal que rechace la acusación, al considerar que no existen pruebas suficientes que comprometan penalmente a José Ramón Peralta Fernández.
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