Isabel Ciprian
Santo Domingo. – La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, alegó ayer jueves que el juicio en su contra forma parte de un fraude procesal, cuestionando tanto los plazos de presentación de la acusación como la forma en que el Ministerio Público obtuvo pruebas periciales clave.
Durante la audiencia de réplica ante la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), los abogados del exfuncionario argumentaron que la acusación fue depositada fuera del plazo legal. La Coordinación de los Juzgados de la Instrucción certificó haber remitido el expediente el 30 de abril de 2024, pero el Cuarto Juzgado de la Instrucción lo recibió 14 días después, a pesar de que ambas oficinas se encuentran contiguas, generando dudas sobre el paradero de los documentos y la integridad de la cadena de custodia.
En cuanto a la evidencia, la defensa cuestionó la validez de varias pericias, señalando que algunas fueron realizadas bajo instrucciones directas de fiscales y que incluyeron la extracción de información de dispositivos móviles antes de contar con la autorización judicial correspondiente. Asimismo, se mencionaron informes financieros elaborados con documentos obtenidos sin orden judicial o en plazos incompatibles con un análisis técnico riguroso.
“El Ministerio Público no ha aportado elementos probatorios nuevos; la acusación se sostiene únicamente sobre una teoría sin respaldo concreto. Se pretende llevar este caso a juicio como si fuera un acto de fe”, afirmaron los abogados de Castillo, insistiendo en que no existen pruebas suficientes para vincularlo con los hechos imputados.
El proceso forma parte de una investigación más amplia de la PEPCA sobre presuntos actos de corrupción administrativa que involucra a varios exfuncionarios del gobierno dominicano.
Ana María Soto Gross
