Isabel Ciprian
La reciente decisión de la jueza Fátima Veloz Suárez ha provocado una ola de desánimo y frustración entre los residentes de Haina, una comunidad aún marcada por la tragedia del 8 de abril en el centro nocturno Jet Set, donde murieron 235 personas.
La jueza impuso medidas cautelares y no prisión preventiva contra los hermanos Maribel y Antonio Espaillat, implicados en el caso, lo que ha generado rechazo entre familiares de las víctimas y sobrevivientes. La medida es vista por muchos como un revés en la búsqueda de justicia.
“Fue algo que debió haberse evitado, pero lastimosamente no fue así”, lamentó un familiar de una de las víctimas, en un testimonio que refleja el dolor que aún persiste en la comunidad. Las palabras resuenan especialmente entre quienes perdieron a niños y otros seres queridos en el trágico incendio.
A pesar del dictamen del Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional, la comunidad ha decidido organizar un homenaje durante la semana del aniversario del siniestro, en memoria de los fallecidos, los heridos y sus familias.
El abogado Plutarco Jaques, representante legal de varios deudos y sobrevivientes, calificó de irracional la decisión judicial. A su juicio, la jueza no valoró adecuadamente la gravedad del caso. “Pudo haber dictado prisión preventiva, aunque fuera por tres meses”, indicó.
Tanto el Ministerio Público como Jaques han anunciado que recurrirán la decisión con la esperanza de revertirla en instancias superiores y lograr una sanción más severa para los imputados. Mientras tanto, Haina permanece unida en el recuerdo de sus muertos y heridos, con la esperanza de que el proceso judicial no se convierta en otra herida más en su largo camino hacia la justicia.
Ana María Soto Gross
