Isabel Ciprian
En los últimos días, los apagones no han dado tregua en distintas zonas del país, generando malestar generalizado y afectando las actividades cotidianas de miles de ciudadanos. El presidente Luis Abinader explicó que esta situación responde a tres factores principales que, combinados, han puesto en tensión el sistema energético nacional. El primero es el retraso en la incorporación de 600 megavatios al sistema eléctrico, cuya entrada está prevista para iniciar de forma gradual a partir del próximo mes de septiembre. Este refuerzo en la oferta de energía es crucial para equilibrar la demanda actual, que ha alcanzado niveles récord.
El segundo factor señalado por el mandatario es el inusual aumento de la demanda energética, impulsado por las altas temperaturas que se han registrado en todo el territorio. “La semana pasada la demanda llegó a los 4,000 megavatios. Para que tengan una idea, en agosto de 2020, la demanda máxima era de unos 2,730 megavatios”, destacó Abinader, evidenciando el considerable crecimiento del consumo en los últimos años. Como tercer elemento, mencionó la salida de varias plantas generadoras por mantenimiento programado, que ha coincidido con el impacto del sargazo en otras unidades, afectando su operatividad. Según datos oficiales, solo ayer salieron de servicio unos 150 megavatios, lo que agrava aún más la situación.
Desde el sector privado, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Celso Juan Marranzini, advirtió que el modelo eléctrico actual no es sostenible, debido al elevado subsidio que supera los 2,000 millones de dólares anuales. Según afirmó, esta carga limita seriamente la capacidad del Estado para invertir en infraestructura, servicios y desarrollo económico. Marranzini instó a retomar con urgencia el Pacto Eléctrico y aplicar reformas que permitan al sistema operar bajo una tarifa realista, sin subsidios generalizados que presionen las finanzas públicas. A su juicio, es fundamental invertir en mecanismos de control, asegurar el pago por el servicio y garantizar una electricidad continua y de calidad.
Ante este panorama, expertos del sector energético coinciden en que es necesario emprender una reforma integral del sistema eléctrico nacional. Consideran que no se puede seguir postergando una transformación profunda que permita al país responder a las exigencias de crecimiento, garantizar la estabilidad del suministro y reducir la dependencia de medidas emergentes que no resuelven el problema de fondo.
