Ciudadanos y juristas han exigido al Ministerio Público que modifique la calificación jurídica de la acusación contra los empresarios Antonio y Maribel Espaillat, señalados por su responsabilidad en la tragedia ocurrida la madrugada del 8 de abril en la discoteca Jet Set, donde 235 personas perdieron la vida, 180 resultaron afectadas y más de 170 quedaron huérfanas.
La indignación pública se centra en el hecho de que, pese a las advertencias previas sobre los riesgos del evento, los organizadores no tomaron las medidas necesarias para prevenir la tragedia. Esto ha llevado a muchos a considerar que los hermanos Espaillat deben ser acusados no de homicidio involuntario, como lo hizo inicialmente el Ministerio Público, sino de homicidio culposo o incluso voluntario, dadas las evidencias de negligencia informada.
Algunos ciudadanos consideran lo ocurrido como una “crónica de una tragedia anunciada” y acusan al gobierno y al Ministerio Público de actuar con permisividad y complacencia hacia los imputados, pese a que la propia acusación reconoce fallas graves de prevención y seguridad.
Juristas han advertido que el Ministerio Público, al coincidir con los argumentos de la defensa al mantener la figura de homicidio involuntario, estaría fallando en su deber de garantizar justicia a las víctimas y sus familias.
La magistrada Reinoso, en respuesta a la polémica, solicitó reactivar el debate legislativo para actualizar el Código Penal, lo que ha motivado al Congreso Nacional a retomar las discusiones sobre una reforma penal que contemple con mayor claridad casos de responsabilidad penal empresarial frente a tragedias como la del Jet Set.
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