Isabel Ciprian
La Corte de Apelación de Santiago ratificó los 18 meses de prisión preventiva contra Luisa Yasiris Guzmán, esposa del empresario Héctor Lora Cruceta, imputada en el caso Onco14, una investigación del Ministerio Público sobre una presunta estructura de corrupción que habría operado en el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC).
Tras salir de la audiencia, Guzmán manifestó que enfrenta dificultades económicas para costear su defensa y aseguró que ni siquiera cuenta con recursos para pagar a sus abogados.
“Señores, yo no tengo dinero ni para pagarles a los abogados”, expresó.
La imputada también negó haber trabajado para el Seguro Nacional de Salud (Senasa) o haber recibido pagos de esa institución. Afirmó que nunca cobró por esa vía y que su participación en el entorno del Instituto Oncológico estuvo relacionada únicamente con la ayuda a pacientes con cáncer.
“Yo no trabajaba para Senasa, nunca he cobrado por Senasa, ni siquiera tengo seguro por Senasa. No soy miembro del oncológico. Lo único que hice fue ayudar a los pacientes”, sostuvo.
Guzmán cuestionó además el manejo mediático que ha tenido el proceso y consideró que algunas personas podrían estar siendo utilizadas como “chivos expiatorios” dentro de las investigaciones. Mientras espera que avance el proceso judicial, dijo confiar en que finalmente se conozca la verdad.
“Dios es el que sabe. Para los que obran al Señor, todas las cosas les son para bien. Hay que esperar; el Señor es el único que sabe y la verdad un día saldrá”, manifestó.
Defensa cuestiona decisión
El abogado Pantaleón Mieses, representante legal de Guzmán, explicó que la Corte decidió mantener la prisión preventiva al considerar que la investigación continúa abierta y que existen elementos que, a juicio del tribunal, justifican que la imputada permanezca privada de libertad mientras avanzan las pesquisas.
Mieses dijo que la defensa no está conforme con la decisión, aunque aseguró que la acata. Asimismo, destacó que durante la audiencia quedó establecido, según la defensa, que Guzmán no trabajaba en el Instituto Oncológico ni recibía fondos directamente de Senasa.
El jurista explicó que el tribunal tomó en consideración la relación de su defendida con su esposo, Héctor Lora, quien se desempeñaba como director del centro, además de su vinculación con la Fundación TÓCATE, entidad que, según expuso, recibía fondos del Instituto Oncológico. Mieses aclaró que Guzmán se encuentra bajo investigación y que esta condición no implica que haya sido declarada culpable.
“Es una persona pasible de investigación, no culpable, porque todavía no hemos llegado a esa fase de juicio”, precisó.
Sobre el supuesto peligro de fuga, el abogado sostuvo que la decisión estaría relacionada principalmente con la gravedad de los hechos investigados y no necesariamente con una determinación definitiva sobre la participación de Guzmán.
La defensa había recurrido la medida de coerción de primera instancia al considerar que inicialmente la jueza había establecido que Guzmán contaba con suficientes elementos de arraigo para recibir una medida distinta a la prisión preventiva. Sin embargo, posteriormente le fueron impuestos los 18 meses de prisión preventiva, decisión que fue apelada ante la Corte.
Durante sus declaraciones, Mieses también hizo referencia a otros imputados del proceso, entre ellos Dilcia Isabel Vargas Sánchez, quien se desempeñó como vicepresidenta del Instituto Oncológico Regional del Cibao y estuvo vinculada a las funciones contables de la institución.
¿De qué trata la Operación Onco14?
El Ministerio Público sostiene que la Operación Onco14 permitió desmantelar una presunta estructura de corrupción que habría funcionado desde el Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y el Instituto Oncológico Regional del Cibao.
Según la acusación presentada por el órgano persecutor, la supuesta red habría utilizado ambas instituciones para desviar recursos públicos destinados a la atención de pacientes con cáncer, provocando presuntamente perjuicios económicos al Estado, al Seguro Nacional de Salud y a beneficiarios del régimen subsidiado. El proceso continúa bajo investigación y los imputados mantienen su derecho a la presunción de inocencia hasta que una decisión judicial definitiva establezca lo contrario.
