Isabel Ciprian
Santo Domingo. La Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ratificó la prisión preventiva impuesta al exdirector ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, y a otros seis imputados señalados como parte de un presunto entramado de corrupción administrativa que habría operado dentro de esa institución.
Junto a Hazim, permanecerán recluidos en el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras Gustavo Enrique Messina Cruz, Germán Rafael Robles Quiñones, Francisco Iván Minaya Pérez, Rafael Luis Martínez Hazim, Ramón Alan Speakler Mateo y Ada Ledesma Ubiera, luego de que el tribunal rechazara los recursos de apelación presentados por las defensas, al considerar que no se aportaron elementos suficientes para modificar la medida de coerción.
El tribunal estuvo presidido por la jueza Ysis Muñiz Almonte e integrado por los magistrados Teófilo Andújar y Omar Jiménez.
Arresto domiciliario para otros imputados
En la misma decisión, la Corte mantuvo el arresto domiciliario contra Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo, al rechazar la solicitud del querellante Miguel Surun Hernández, quien había solicitado la imposición de prisión preventiva para estos imputados.
Argumentos del Ministerio Público
Durante la audiencia, los abogados de los imputados privados de libertad calificaron la prisión preventiva como desproporcionada. Sin embargo, el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que los recursos carecían de fundamento jurídico, y que tanto la gravedad de los hechos como el riesgo de fuga justifican la medida impuesta.
Delitos y perjuicio al Estado
De acuerdo con el Ministerio Público, la presunta red delictiva habría operado entre los años 2020 y 2025, provocando un perjuicio económico superior a los 15,000 millones de pesos al Estado dominicano, dentro del sistema público de riesgos de salud.
A los imputados se les atribuyen los delitos de coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, estafa en perjuicio del Estado, desfalco, soborno, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, entre otros cargos.
