Isabel Ciprian
Santo Domingo. – El Congreso Nacional se encuentra en proceso de reformar el marco legal que regula los embargos, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) declarara inconstitucional la ley vigente por violaciones al proceso legislativo y por atribuciones indebidas al Ministerio Público.
La sentencia del TC establece que la legislación anulada fue tramitada como una ley ordinaria cuando debía ser orgánica, en razón de que afectaba garantías fundamentales. Además, criticó que se otorgaran al Ministerio Público facultades que, según la Constitución, son exclusivas del Poder Judicial.
Uno de los puntos más cuestionados por el Tribunal fue la autorización al Ministerio Público para usar la fuerza pública durante la ejecución de embargos, una función que debe recaer exclusivamente en el juez competente.
Ante este escenario, el Congreso ha iniciado una revisión legislativa que busca corregir los aspectos señalados por el Tribunal, garantizando que todo el proceso de ejecución de sentencias, incluidos los embargos, quede bajo control judicial. Esto incluye la coordinación directa del juez con la Policía Nacional y el estricto cumplimiento de los procedimientos legales.
Senadores manifestaron su compromiso con adecuar la norma a los lineamientos constitucionales y anunciaron que, en la próxima sesión, una comisión especializada comenzará el análisis del nuevo proyecto de ley.
La Comisión Permanente de Justicia y Derechos Humanos del Senado ya rindió un informe favorable sobre una nueva propuesta legislativa. Este proyecto contempla reglas claras, control judicial estricto y sanciones para prevenir posibles abusos, con el objetivo de restablecer la seguridad jurídica afectada por la ley anulada.
El Tribunal Constitucional otorgó un plazo de dos años al Congreso para aprobar una nueva legislación que se ajuste al artículo 112 de la Constitución, garantizando así su legitimidad y efectividad.
