Isabel Ciprian
Un tribunal del Distrito Nacional condenó a diez años de prisión a un ex empleado del sistema penitenciario, tras hallarlo culpable de estafar a múltiples empresas mediante la simulación de compras institucionales con documentos falsos.
El condenado, Antonio Beato Dionicio, se desempeñaba como encargado del Departamento de Suministros de Alimentos de la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales. El Ministerio Público había solicitado una pena de 20 años de reclusión.
La sentencia fue emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la jueza Keila Pérez Santana e integrado además por los magistrados Elías Santini Perera y Arisleyda Méndez.
Esquema de estafa con documentos falsificados
Según el expediente, Beato Dionicio utilizó su cargo para captar suplidores y empresarios, haciéndoles creer que estaban contratando con la Procuraduría General de la República y la DGSPC.
Para ejecutar el fraude, el acusado empleaba documentos públicos falsificados con los que obtenía productos alimenticios, que luego revendía a comerciantes en la provincia de San Cristóbal. Además, se valía del nombre de estas instituciones para generar confianza y facilitar la entrega de mercancías.
Pruebas presentadas y condena
La acusación, instrumentada en noviembre de 2025 por la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, estuvo respaldada por un amplio conjunto probatorio que incluyó decenas de evidencias documentales, testimoniales, materiales y periciales.
El proceso fue encabezado por el procurador adjunto Wilson Camacho, junto a los fiscales Emmanuel Ramírez y Miguel Collado, quienes lograron demostrar la responsabilidad penal del imputado.
Actualmente, el condenado cumple su pena en el Centro de Corrección y Rehabilitación de Najayo, en San Cristóbal.
Valoración del Ministerio Público
El fiscal Emmanuel Ramírez calificó la sentencia como un paso importante en la lucha contra la corrupción administrativa, destacando que envía un mensaje claro a los servidores públicos sobre las consecuencias del uso indebido de sus funciones.
Desde el Ministerio Público reiteraron su compromiso de continuar fortaleciendo la persecución de este tipo de delitos, con el objetivo de reducir la impunidad y proteger los intereses de la sociedad dominicana.
Ana María Soto Gross
