Isabel Ciprian
Residentes y líderes comunitarios del distrito municipal La Pared realizaron este miércoles una protesta frente al Palacio de Justicia de San Cristóbal para exigir la entrega definitiva de los títulos de propiedad de sus terrenos y rechazar las acciones legales atribuidas al general retirado Héctor Rojas Canaán.
Los manifestantes denunciaron que el exmilitar reclama más de un millón 500 mil metros cuadrados de terrenos donde, según aseguran, residen más de cinco mil familias desde hace décadas.
“No vamos a ceder un metro”
Durante la concentración, dirigentes comunitarios afirmaron que cientos de residentes poseen títulos provisionales entregados hace más de 20 años por el Instituto Agrario Dominicano (IAD).
“Estamos aquí dándole apoyo a mi comunidad, donde están exigiendo su derecho”, expresó Carmelo Echavarría, presidente de la Junta de Vecinos de La Pared. El dirigente aseguró que la comunidad no permitirá desalojos y recordó que en los terrenos en disputa existen escuelas, liceos, instalaciones deportivas y viviendas ocupadas por familias trabajadoras.
“¿Cómo es posible que, donde hay tantas personas humildes y trabajadoras, este señor venga a despojarnos de nuestros terrenos? Nosotros no vamos a ceder un metro de esta tierra”, sostuvo.
Denuncian entrega irregular de terrenos
Por su parte, Adriano García, representante de organizaciones comunitarias, afirmó que más de 30 entidades sociales se han unido para exigir la nulidad del supuesto título de propiedad atribuido a Rojas Canaán. Según explicó, La Pared es una comunidad con más de 200 años de historia y los residentes cuentan con documentos provisionales entregados mediante acuerdos entre el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), el IAD y el Estado dominicano.
“Le entregaron un pueblo entero a una sola persona, donde hay hospitales, escuelas, cementerio y más de cinco mil habitantes”, denunció.
Se oponen a proceso de deslinde
Los comunitarios indicaron que acudieron a la jurisdicción inmobiliaria para rechazar un proceso de deslinde que, según alegan, podría facilitar futuros desalojos de las familias asentadas en la zona.
Asimismo, señalaron que el conflicto por la propiedad de los terrenos lleva varios años y solicitaron la intervención del Gobierno para otorgar los títulos definitivos a las familias que aseguran haber vivido allí por generaciones. La audiencia relacionada con el caso fue conocida este miércoles en San Cristóbal, mientras los residentes advirtieron que continuarán las protestas hasta obtener garantías legales sobre sus propiedades.
Ana María Soto Gross
