Isabel Ciprian
Residentes del distrito municipal de La Cuaba expresaron su rechazo a la reciente autorización ambiental otorgada para la instalación de una planta de valorización de desechos en la zona, proyecto que, según denuncian, terminaría funcionando como un vertedero.
La aprobación fue emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la República Dominicana, lo que ha generado una fuerte oposición comunitaria que cuestiona la legalidad del permiso.
Los dirigentes locales alegan que la decisión contradice una resolución previa de 2023, en la que se había negado el proyecto por incumplir condiciones esenciales, como la distancia mínima de un kilómetro respecto a zonas habitadas y la necesidad de establecer una relación armoniosa con las comunidades cercanas.
El presidente de la Junta de Desarrollo de La Cuaba, Fabio Correa, afirmó que el permiso actual vulnera esos criterios y acusó a las autoridades de ignorar el impacto social y ambiental del proyecto. Según explicó, la comunidad continuará con protestas y movilizaciones hasta lograr la anulación de la autorización.
Los comunitarios también anunciaron que acudirán a instancias judiciales, alegando irregularidades en el proceso de aprobación y falta de cumplimiento del debido procedimiento administrativo.
El proyecto, ubicado en el paraje El Aguacate, había sido rechazado inicialmente en 2023 tras estudios de impacto ambiental y oposición local. Sin embargo, una decisión del Tribunal Superior Administrativo en 2025 ordenó una revisión del caso, lo que abrió la posibilidad de su aprobación.
Desde septiembre de 2025, los residentes han intensificado sus protestas, incluyendo marchas, vigilias religiosas y manifestaciones frente a instituciones gubernamentales. Incluso, algunos comunitarios se trasladaron al Palacio Nacional para solicitar la intervención del presidente Luis Abinader.
Las tensiones han escalado en la zona, registrándose enfrentamientos durante actividades a favor y en contra del proyecto, mientras la comunidad insiste en que la instalación afectaría gravemente el entorno ecológico y el desarrollo turístico del área.
Ana María Soto Gross
