Isabel Ciprian
Este jueves 16 de octubre, la Quinta Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) será escenario de un importante recurso legal con implicaciones medioambientales y de salud pública: una Acción de Amparo presentada por los ciudadanos Hernani Aquino y Ricardo Ripoll, quienes exigen que se haga cumplir lo establecido en la Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos.
El reclamo se centra en el incumplimiento del artículo que prohíbe el uso del poliestireno expandido, conocido como foam, para la venta y distribución de alimentos y bebidas. El plazo legal para su eliminación expiró el pasado 2 de octubre, sin que, según los demandantes, las autoridades hayan tomado medidas concretas para aplicar la normativa.
El recurso solicita el cese inmediato de la comercialización de estos envases, por considerar que su venta actual representa una violación directa a la ley vigente. También denuncia la inacción de las instituciones competentes, señalando una falta de voluntad política y operativa para hacer cumplir una norma ambiental crucial.
En respaldo a la acción, el Defensor del Pueblo se ha sumado como interveniente voluntario, subrayando su compromiso con el derecho ciudadano a vivir en un ambiente sano, libre de contaminantes.
Uno de los argumentos clave de la demanda apunta al Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL), el cual ha confirmado que no ha emitido certificaciones que respalden la supuesta “biodegradabilidad” que algunos fabricantes atribuyen a los productos de foam. Esta ausencia de aval técnico, sostienen los accionantes, constituye publicidad engañosa que afecta directamente al consumidor.
La audiencia será celebrada de manera virtual, a partir de las 9:00 a.m., y contará con la participación de representantes estatales, industriales y comerciales, cuyos intereses están directamente relacionados con el uso de este material ampliamente extendido en el mercado dominicano.
Más allá del plano judicial, el proceso abre una ventana de oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad colectiva Estado, empresas y ciudadanía en el cumplimiento de las leyes ambientales y la transición hacia prácticas de consumo más sostenibles.
