De los 10 militares y civiles acusados de integrar una red de estafa al Estado dominicano, cinco han admitido su participación en los hechos, lo que llevó al Ministerio Público a modificar su solicitud de medida de coerción de prisión preventiva a arresto domiciliario.
Admiten responsabilidad y negocian coerción
Los primeros en reconocer su implicación fueron el coronel Andrés Pacheco Varela y Ramón Quezada Ortiz, quienes aceptaron los cargos durante la audiencia de medida de coerción. A ellos se sumaron el empresario Quilvio Rodríguez, propietario de la firma Servicio Nacional de Seguridad Privada (Senase), quien admitió haber pagado sobornos, el teniente Wellington Peralta Santos y el gerente de seguridad de Edenorte, Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
Ante estas admisiones, el Ministerio Público varió su solicitud y pidió prisión domiciliaria para los cinco acusados, en lugar de la prisión preventiva originalmente planteada.
Cinco acusados siguen enfrentando prisión preventiva
Para los otros cinco implicados que no llegaron a acuerdos con el Ministerio Público, la solicitud de prisión preventiva se mantiene vigente, al considerarse que representan un posible riesgo procesal y no han colaborado con la investigación.
Audiencia extensa y en desarrollo
La audiencia para conocer las medidas de coerción se inició la tarde del lunes y fue recesada para el martes, prolongándose por más de nueve horas sin que se haya dictado una decisión final sobre todos los encartados.
Red de corrupción en contratos de seguridad
Según la acusación del Ministerio Público, los imputados actuaban de forma coordinada para favorecer de manera ilícita a empresas privadas de seguridad. Estas, a cambio, entregaban sobornos a funcionarios y militares para manipular procesos de contratación, garantizando así la renovación irregular de contratos con instituciones estatales. La investigación sigue en curso, y se espera que en las próximas horas el tribunal decida sobre las medidas cautelares para los demás involucrados.
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