Isabel Ciprian
Aunque el pasado 14 de agosto de 2025 el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional impuso una condena de siete años de prisión contra Juan Alexis Medina Sánchez, el proceso judicial relacionado con el caso “Operación Antipulpo” permanece estancado en una fase administrativa que ha retrasado su avance hacia la Corte de Apelación.
El tribunal, presidido por la magistrada Claribel Nivar Arias e integrado por las juezas Yissel Soto y Clara Castillo, aún no ha remitido el expediente completo a la presidencia de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, paso indispensable para que el proceso de apelación pueda continuar.
Esta demora impide que se conozcan formalmente los recursos interpuestos tanto por el Ministerio Público como por las defensas de los condenados y absueltos, a pesar de que las apelaciones fueron depositadas desde febrero de este año. El Ministerio Público, a través de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), busca no solo aumentar la pena impuesta a Medina Sánchez, sino también revocar el descargo de varios imputados, entre ellos la hermana del expresidente Danilo Medina.
El procurador adjunto Wilson Camacho ha reiterado que la apelación también pretende modificar decisiones absolutorias dentro del caso, argumentando la existencia de elementos suficientes para un nuevo examen judicial. Fuentes vinculadas al proceso señalan que el expediente no ha sido remitido debido a su magnitud y complejidad, ya que el caso involucra miles de documentos y pruebas que forman parte de uno de los expedientes más extensos del sistema judicial dominicano.
De hecho, la sentencia íntegra tardó más de tres meses en ser redactada, debido a la complejidad del caso, superando las 10,800 páginas en formato digital, las cuales fueron entregadas a las partes en dispositivos electrónicos a finales de noviembre de 2025. Mientras el expediente continúa sin ser enviado, no puede realizarse el sorteo del tribunal de alzada ni fijarse la audiencia de apelación, lo que mantiene el proceso en una especie de pausa administrativa.
El caso permanece a la espera de que se complete el envío formal del expediente para que la Corte de Apelación pueda conocer los recursos pendientes y reactivar el proceso judicial.
