Isabel Ciprian
El caso Jet Set continúa marcando un punto crítico en el sistema judicial dominicano, tras el colapso del centro nocturno que cobró múltiples vidas y dejó un fuerte impacto en la opinión pública. Ahora, la decisión del tribunal de conceder libertad bajo fianza a los hermanos Espaillat, propietarios del establecimiento, ha desatado una oleada de apelaciones por parte de decenas de querellantes.
La Tercera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional ha sido apoderada de al menos 75 recursos interpuestos contra la resolución del Juzgado de Atención Permanente, que permitió a los imputados enfrentar el proceso en libertad bajo condiciones específicas. Los abogados de las víctimas consideran que esa medida fue injustificada, dadas la gravedad de los hechos y la posible obstrucción del proceso judicial.
Uno de los principales puntos de debate gira en torno a la medida cautelar real específicamente, la solicitud de embargo de bienes. Los abogados apelantes argumentan que la magistrada Fátima Veloz aplicó erróneamente la ley al exigir que los bienes a embargar fueran previamente individualizados. Según ellos, la norma procesal permite solicitar la medida sin necesidad de especificar los activos desde el inicio, lo cual se realiza posteriormente en el proceso.
«No vamos a embargar propiedades que no sean de los imputados. La ley permite la solicitud general y luego se hace la identificación. Esa interpretación incorrecta nos obligó a apelar», expresó uno de los representantes legales de las víctimas.
La logística para conocer todas las apelaciones representa un reto para el sistema judicial, no solo por la cantidad de recursos presentados, sino también por la falta de espacio físico en los tribunales. Algunos abogados ya han advertido que será difícil realizar una audiencia de esta magnitud en las instalaciones actuales, lo que podría retrasar el proceso.
Mientras tanto, los hermanos Espaillat continúan en libertad bajo fianza, tras pagar una garantía económica de 50 millones de pesos. Además, se les impuso impedimento de salida del país y presentación periódica ante las autoridades, medidas diseñadas para asegurar su disponibilidad ante futuras audiencias.
La fecha de la audiencia de apelación aún no ha sido fijada, pero se espera que el tribunal actúe con celeridad, dado el alto interés público del caso. La decisión de la Corte de Apelación será clave: podría ratificar la libertad bajo fianza o revocarla y ordenar prisión preventiva para los imputados.
El caso Jet Set no solo representa una tragedia humana, sino también una prueba crítica para la confianza en la justicia dominicana. Las familias de las víctimas, al igual que la ciudadanía, esperan que las decisiones judiciales reflejen proporcionalidad, rigor legal y, sobre todo, sensibilidad ante la magnitud del hecho ocurrido.
Ana María Soto Gross
