Isabel Ciprian
El proceso judicial contra Antonio y Maribel Espaillat, así como contra la empresa Inversiones E y N S.R.L., por el colapso del techo de la discoteca Jet Set Club, registró un nuevo avance procesal.
El juez Amauris Martínez, del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, decidió declinar la solicitud de resolución de peticiones presentada por los abogados de los imputados, Miguel Valerio y Ramón Emilio Núñez, al considerar que su rol como juez de control concluye una vez el Ministerio Público presenta un acto conclusivo, en este caso, la acusación formal.
Martínez explicó que, conforme al artículo 66 del Código Procesal Penal, la función de control de la investigación termina con la presentación de la acusación, por lo que ya no corresponde a su tribunal conocer solicitudes adicionales. Por esta razón, remitió la solicitud a la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción, quien deberá enviarla al Primer Juzgado de la Instrucción, presidido por el juez Raymundo Mejía, tribunal que conocerá el juicio preliminar.
El proceso se enmarca en el expediente por el colapso del techo de la discoteca Jet Set, tragedia que dejó 236 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. El juez destacó que esta decisión mantiene la línea de precedentes asumida por el mismo tribunal en situaciones similares, por lo que no corresponde hacer excepciones.
La lectura íntegra de esta decisión fue fijada para el 28 de octubre a las 9:00 de la mañana, quedando la Secretaría encargada de notificar a las partes involucradas.
El Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho y la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, acusa a los hermanos Espaillat de homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos previstos en los artículos 319 y 320 del Código Penal.
Según la acusación, los imputados aumentaron el riesgo estructural del local al instalar equipos de climatización de gran tamaño y tinacos de agua, sin estudios técnicos adecuados, y al ignorar advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro económico por encima de la seguridad.
