Isabel Ciprian
El proceso de aprobación del nuevo Código Penal en la República Dominicana ha entrado en una fase crítica. La Cámara de Diputados se encuentra en sesión permanente analizando a fondo las observaciones presentadas por la Procuraduría General de la República, a raíz de errores detectados y posibles ajustes al proyecto de reforma que fue aprobado por el Senado el pasado lunes.
Este momento representa un punto de inflexión en la tramitación de una legislación que ha estado en discusión durante más de dos décadas. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, confirmó que el proyecto será sometido a una revisión exhaustiva para corregir los fallos identificados en el texto remitido por la Cámara Alta.
La revisión se intensificó tras la comparecencia de la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso ante los legisladores en el salón de comisiones. Aunque la funcionaria prefirió no declarar a los medios, los diputados informaron que sus recomendaciones implican modificaciones sustanciales en aspectos clave del procedimiento penal.
Entre las principales sugerencias figura la eliminación del requisito de la presencia obligatoria de un fiscal para requisar vehículos, una medida que contrasta con lo aprobado por el Senado. Además, Reynoso propuso que las detenciones y allanamientos no sean grabados mediante dispositivos electrónicos, otra postura que difiere de lo estipulado en la versión actual del Código.
Estas propuestas han generado un intenso proceso de análisis en la Cámara Baja, donde los legisladores buscan conciliar las recomendaciones del Ministerio Público con los objetivos originales del proyecto. El presidente Pacheco ha expresado su optimismo frente a la posibilidad de alcanzar acuerdos:
“Hemos logrado avances importantes con la participación de la Procuraduría, el Senado y la Cámara de Diputados. Estoy muy optimista de que mañana podamos contar con un Código Penal aprobado”, afirmó.
La dirigencia legislativa ha reiterado su compromiso con la aprobación del nuevo Código durante la presente legislatura.
“Garantizamos que habrá Código Penal en esta legislatura”, aseguró de forma categórica Pacheco.
Para facilitar el análisis técnico y legislativo, se ha conformado un equipo de trabajo especial integrado por técnicos y legisladores de ambas cámaras.
“Estamos conformando una comisión bicameral que analizará cada punto. Lo que allí se decida será prácticamente palabra final”, indicó un legislador.
No obstante, los diputados han sido claros en preservar la autonomía del Pleno:
“Lo que acuerde esa comisión con la Procuraduría no es vinculante. Es un espacio de diálogo para proponer modificaciones, pero la decisión final recae en el Pleno”, aclaró un representante.
Este proceso reafirma el respeto a la separación de poderes y la soberanía legislativa.
“Cada legislador tiene su fuero y autonomía. La comisión busca entendimientos, pero no puede sustituir la soberanía del Congreso”, puntualizó otro diputado.
El objetivo, explican, es mejorar el texto aprobado por el Senado y someterlo nuevamente al Pleno de la Cámara de Diputados. De aprobarse, el proyecto deberá regresar a la Cámara Alta para una nueva revisión, en un procedimiento de ida y vuelta que podría ser clave para alcanzar un consenso definitivo.
Aunque reconocen los desafíos, los legisladores mantienen una visión positiva.
“Creo que hay condiciones para lograrlo, pero ciertamente exige un sacrificio mayor de nuestra parte”, admitió uno de los diputados involucrados en la negociación.
La sesión decisiva se llevará a cabo este viernes a partir de las 10:00 a. m., cuando la Cámara de Diputados conocerá formalmente tanto el proyecto del nuevo Código Penal como la nueva normativa laboral aprobada este jueves, marcando una jornada legislativa de gran trascendencia para el país.
Este proceso no solo representa la culminación de décadas de trabajo legislativo, sino también un ejercicio de coordinación institucional entre el Congreso y el Ministerio Público, con el propósito de dotar al país de un Código Penal actualizado, técnicamente robusto y aplicable en la práctica dentro del sistema de justicia dominicano.
Ana María Soto Gross
