Isabel Ciprian
El Cuarto Tribunal Colegiado del Distrito Nacional continúa este jueves con el conocimiento del caso conocido como “Nido” o “Indisarq”, en el que el principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, es señalado como presunto cabecilla de una estructura dedicada a fraudes inmobiliarios, falsificación de documentos, asociación de malhechores y lavado de activos.
De acuerdo con el Ministerio Público, la supuesta red habría afectado a más de 500 personas mediante la venta fraudulenta de viviendas en al menos siete proyectos inmobiliarios, con un esquema de estafa que supera los RD$235 millones y más de US$10 millones.
Operación Nido y red de imputados
La investigación, denominada Operación Nido, fue puesta en marcha el 3 de enero de 2024 e incluyó 25 allanamientos realizados en distintas provincias, entre ellas San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
Junto a Rivera Ledesma figuran como imputados Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma, Juan Omar Rosario López, Reilin Arismendy Rosario García, Escarlet Mercedes Cruz Figueroa y María Gabriela Rivera.
También fueron incluidas varias empresas vinculadas al expediente, entre ellas Indisarq SRL, CRD Equipos Pesados SRL, Grupo Wimar SRL y Auto Xperts AFM SRL.
Uso de supuestas influencias y maniobras legales
Según el expediente del Ministerio Público, durante la investigación se ocuparon evidencias que indican que el principal imputado habría utilizado nombres de personas influyentes para generar confianza en las víctimas, pese a que, según las autoridades, no mantenía relación con dichas figuras.
Los fiscales también señalaron que varios miembros de la presunta red mantenían un estilo de vida ostentoso, supuestamente financiado con los recursos obtenidos de las víctimas del esquema fraudulento.
Asimismo, el órgano acusador sostiene que Rivera Ledesma habría intentado frenar nuevas querellas, persuadir a afectados para retirar denuncias y promover la firma de nuevos contratos con el objetivo de obstaculizar el proceso judicial.
Ana María Soto Gross
