Santo Domingo.– Autoridades dominicanas detuvieron ayer martes en el Aeropuerto Internacional de Las Américas (AILA) a una ciudadana dominicana residente en el extranjero, contra quien pesaba una orden de arresto por presunto ultraje al Himno Nacional, emitida por un tribunal del Distrito Nacional.
La arrestada fue identificada como Alicia Anabel Santos Díaz, de 54 años, residente en los Estados Unidos. Su detención se realizó en cumplimiento de la Orden Judicial núm. 2025-AJ0051862, dictada el 7 de agosto de 2025 por la jueza Fátima Veloz, del Décimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, perteneciente a la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente.
Según el Ministerio Público, Santos Díaz es investigada por la presunta violación de los artículos 37 y 39 de la Ley 210-19, que regula el uso de los símbolos patrios de la República Dominicana. En el proceso también figura como coimputada Yoseli Castillo Fuertes.
Investigación y elementos probatorios
De acuerdo con el expediente, ambas mujeres habrían organizado y promovido la difusión del texto titulado “Pájaros, lesbianas y queers ¡A volar!”, en el contexto de una actividad celebrada en uno de los salones del Centro Cultural de España, en la Zona Colonial.
Durante el evento, las imputadas habrían invitado a los asistentes a interpretar una versión del Himno Nacional utilizando la melodía original, pero con letras modificadas. El Ministerio Público considera que esta acción constituye un ultraje al Himno Nacional, reconocido como símbolo sonoro de la patria y establecido en la Constitución como único e inalterable.
Como parte de la investigación, fueron recopiladas evidencias difundidas en redes sociales, así como denuncias formales presentadas por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias (CPEP), el Instituto Duartiano y otras organizaciones cívicas.
En uno de los fundamentos de la orden de arresto, la jueza señala que, si bien la libertad personal es un derecho fundamental, puede ser limitada mediante decisión judicial cuando se considera que se afecta el orden público y las buenas costumbres. También se tomó en cuenta que la residencia de las imputadas fuera del país representaba un posible riesgo de evasión del proceso judicial.
El Ministerio Público informó que el caso continúa bajo investigación y reiteró su compromiso con la protección y el respeto de los símbolos patrios conforme a la legislación vigente.
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